Ni ICO ni banca dan créditos, pero si reciben las ayudas que originan los recortes
Esta semana la prensa ha criticado que las líneas de financiación del ICO están infrautilizadas. Llama la atención que esto suceda mientras que existe un consenso general sobre la dificultad de acceso al crédito, durante esta prolongada crisis, de empresas, pymes básicamente, y familias. Esta paradoja queda demostrada si tomamos como referencia el ejercicio 2007, el ejercicio con tasas de crecimiento del PIB que permitían generar empleo, y los datos publicados por el Banco de España a marzo de este año. Pues bien, en dicho período el crédito al sector privado se redujo un 11%, en tanto que el crédito al sector público creció un 166%. Podría parecer que se han sustituido prestatarios, pero en realidad el Estado captó 71.000 millones de euros, mientras que empresas y familias redujeron deuda en 201.500 millones.
Si a lo anterior unimos que el ICO, en el mismo período antes citado, ha pasado de 35.000 a 75.000 millones de euros de inversión crediticia, canalizada a través de la banca privada por la inexistencia de redes de banca pública, el agujero de financiación a empresas y familias se ensancha hasta los 241.500 millones de euros, pues la banca financia las operaciones del ICO con fondos prestados por el mismo Instituto y, además, con el agravante de destinarlos, en buena medida, a pagar sus propios créditos morosos pervirtiendo la finalidad perseguida por la línea ICO-liquidez, proporcionar capital circulante a las empresas.
En los últimos tres años dicha línea de liquidez ha pasado del 33% al 59% del total de operaciones concedidas al amparo de la línea para empresas y emprendedores. Por contra la línea para financiar nuevas inversiones se reduce desde los 15.200 millones de euros en 2010 a los 4.700 de 2012. La primera de las líneas está directamente relacionada con el mantenimiento de la actividad, mientras que la segunda lo está con la generación de nuevos empleos. El resumen, que de los 22.700 millones de euros de préstamos autorizados en 2010 se ha caído a los 11.500 en 2012. Un verdadero despropósito en la situación actual.
En el pasado el ICO, para superar la resistencia de la banca a la concesión de préstamos, ideó dos procedimientos que resultaron auténticos y costosos fracasos, por un lado el llamado “facilitador financiero”, que generó un coste de 14 millones de euros para contadas operaciones de financiación y, en 2010, la línea de financiación directa, aunque apoyándose en las redes comerciales del BBVA y Santander, que tampoco fructificó por el elevado rechazo del scoring que el propio ICO aplicaba. El Gobierno actual, por encima, reducía el plazo máximo de los préstamos liquidez de siete a tres años, lo que escasas pymes pueden asumir.
En la actualidad son los bancos los únicos en canalizar financiaciones del ICO, cada vez menos, como hemos demostrado, pero, por el contrario, los bancos habrán recibido hasta el momento, unos 122.000 millones en ayudas públicas que pagaremos los ciudadanos. Se repartirían en unos 56.000 en capitalización, 25.000 en esquemas de protección de activos y otros 41.000 para el banco malo llamado SAREB. No solo les financiamos sino que, por encima, ni utilizan los fondos que el instituto público pone a su disposición para financiar a las empresas. A la vista de esto, ¿para qué les estamos ayudando?.
