La multa a España por no reformar la estiba se convierte en una posibilidad real

La estiba española podría resultar sancionada. / RR SS

Si se diera una nueva sentencia en sentido contrario, la multa de España ascendería a 134.107 euros diarios. Bruselas presiona para que la liberalización se produzca cuanto antes. 

La multa a España por no reformar la estiba se convierte en una posibilidad real

Desde hace dos años y tres meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había condenado al Reino de España en materia de la regulación de la estiba en la Ley española de Puertos, por considerar sus disposiciones legales como contrarias al Tratado de la Unión Europea.

En ese sentido, la condena de España llegó el 11 de diciembre de 2014 en concepto del pago de 27.522 euros diarios. Con el correr del tiempo la sanción se ha convertido en 22,8 millones de euros por el hecho de no haber modificado la regulación de la estiba.

El dinero no será pagado hasta que España enfrente una nueva sentencia en sentido contrario, lo cual podría tardar varios meses. Si dicha condena llegara, recaería sobre el incumplimiento inicial, más el hecho de no haber corregido la regulación en el período de dos años. Con la llegada de un nuevo fallo el importe se incrementaría hasta 134.107,2 diarios. 

Aún se desconoce en qué momento podría llegar el nuevo dictamen de los jueces europeos, por lo que es imposible establecer cuando se solucionaría la situación de España. Según Violeta Bulc, Comisaria de Transportes, la Comisión Europea podría pedir el perdón de la multa si España establecía una nueva regulación, pero la sanción se reactivaría en caso de derogar las viejas normativas. 

La estiba aporta 9.000 millones de euros anuales a la economía española. La mitad del comercio con la Unión Europea y con la mayoría de los países extranjeros que no son parte de la unión, se realiza por vía marítima, por lo que los puertos son considerados un sector clave para la economía del país.

A pesar de esto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que España debe emprender varios cambios de su legislación, entre los que se cuenta la adaptación de la estiba a un mercado global libre y competitivo. 

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