La muerte del Popular se produjo con la complicidad del Banco de España y del auditor

Sede central del Banco Santander en la capital cántabra. / M. C.
Sede central del Banco Santander en la capital cántabra. / M. C.

El 15 de julio del 2008 Martinsa-Fadesa declaró concurso voluntario acreedores y, en ese momento, según palabras textuales de Aristóbulo de Juan, exdirector del Banco de España, saltaron todas las alarmas alrededor del banco que poco después absorbió al Pastor. Dos enfermos en la misma camilla.

La muerte del Popular se produjo con la complicidad del Banco de España y del auditor

Nos dicen que todo empezó un 15 de septiembre de 2008 cuando en el 745 de la Séptima Avenida se hizo carne la crisis financiera. Por primera vez en mucho tiempo se dejó  caer a un gran banco, Lehman Brothers, y el efecto contagio se propagó cual pandemia. Allá se fueron 158 años de actividad financiera que revelaron prácticas bancarias tóxicas, llenas de avaricia y carentes de toda ética. Pero la mala gestión de unos banqueros cegados por el exceso de liquidez no puede ser la única explicación de lo ocurrido. ¿Dónde estaba el regulador, y el auditor, y las agencias de calificación de riesgo? Casi diez años después carecemos de respuesta.

Una visión paralela podemos hacerla para el caso del  Banco Popular. Fue también en el verano del 2008 cuando sentenció su muerte, si bien hubo que esperar hasta junio de 2017 para que viniese el MUR –Mecanismo Único de Resolución- a enterrarlo. En medio, un cúmulo de despropósitos. El 15 de julio del 2008 Martinsa-Fadesa declaró  concurso voluntario acreedores y, en ese momento, según palabras textuales de Aristóbulo de Juan –exdirector general del Banco de España- saltaron todas las alarmas alrededor del banco que poco después absorbió al Pastor. Su exposición al tardoladrillo era muy elevada y su participación en el inmobiliario  causó un gran agujero que se fue haciendo más grande con otros fallidos posteriores. Desde entonces hasta ahora lo único que se hizo fue decidir quién pagaría el entierro, en lugar de ver si era posible reanimar al enfermo moribundo.

Aristóbulo de Juan. / APIEAristóbulo de Juan, en la UIMP. / APIE

Hemos oído hasta la saciedad que el Banco Popular sucumbió por un problema de liquidez, no de solvencia, y esto nadie lo puede negar. Pero tampoco nadie podrá contradecirme si digo que un banco solvente no tiene problemas de liquidez, mucho menos si no se hace nada para descapitalizarlo. ¿Fue esto lo que  hizo el Banco Popular?. Para poder contestar hemos de remontarnos al verano de 2012, cuando se puso a funcionar la primera fase de la reestructuración bancaria en España, o más correctamente tendríamos que decir de reconversión de las cajas de ahorros. En ese momento el llamado banco de las pymes españolas reveló su situación de debilidad, tampoco estaba en condiciones de pasar los test de estrés, pero pudo acometer una macro ampliación de capital que le permitió una huida hacia delante hasta el desenlace final. Comenzaba una gran operación de tanatoestética.

La tolerancia del supervisor con un banco que empeora es suicida

El “Banco español con el negocio principal más rentable” -así rezaba la publicidad de la última captación de fondos avalado por la CNMV-, se hundió sin que el maquillaje de sus cuentas pudiera mantenerlo a flote por más tiempo, su descapitalización había llegado al límite.  Busquemos culpables, ¿cuáles son los factores que lo apuran hasta el abismo? El exdirector general del Banco de España, Aristóbulo de Juan, en una clara intervención en los cursos de verano de la UIMP alerta de que "la tolerancia del supervisor con un banco que empeora es suicida" e indica que hemos de fijarnos en 4 ejes fundamentales: 1. La gestión, 2. La regulación, 3. La supervisión y 4. La resolución.

Empecemos por la primera. El salto de gestión que dio la entidad ahora comprada por el Banco Santander  fue sustancial desde el momento en que Ángel Ron se puso al mando de la misma. El sexto banco del país pasó de centrar su actividad en el negocio clásico de la banca a participar como nadie en la fiesta del ladrillo. Después de haber derrochado el exceso de liquidez en la fiebre del crédito rápido, comenzaron sus problemas. A partir de ahí, en lugar de hacer un análisis real de la situación, practicar la transparencia y tratar de corregir el agujero mejorando la calidad de su capital, comenzó la huida hacia delante. La liquidez que recibía la iba derrochando por el agujero existente, al tiempo que lo erosionaba y lo hacía más grande. Todo esto, claro, con la connivencia del regulador.

Ángel Ron. / APIE

Ángel Ron. / APIE

Y aquí pasamos al segundo punto. Después de la entrada en vigor de Basilea II, todo el énfasis del control se puso en el capital de las entidades. Si bien, esto se hizo con una deformación sustantiva: no se valoraba el capital real de las entidades, sino que la garantía del buen gobierno bancario había quedado al albur de la valoración de activos que hacían las propias entidades y que iban corrigiendo de manera ficticia, mediante claras operaciones encubiertas de autocartera. ¿No sabía esto el supervisor? Es muy probable que sí y, sin embargo, dejó que sucediese. Mientras las entidades contabilizaban beneficios ficticios en forma de ventajas fiscales, dividendos y bonos que no eran  reales, la CNMV avaló una ampliación de capital de 2.500 millones de euros en junio de 2016 y la auditora encargada de las cuentas del Banco Popular, una de las grandes, firmó un informe diciendo que las cuentas “consolidadas de la entidad correspondientes al ejercicio 2016 sobre los ratios de capital del banco, se situaban en el 8,19% en el caso del capital de máxima calidad CET-1 a 1 de enero de 2017”. Llama la atención positivamente por el cumplimiento de los requerimientos de capital establecidos por el BCE  a la vez que describe que los administradores del banco habían formulado las cuentas anuales considerando que el grupo contaba con los mecanismos de generación de capital acordes con los requerimientos establecidos.

Solo unos meses después, el nuevo presidente –Emilio Saracho- afirmaba que se estaban “rehaciendo las cuentas, si bien, no afectaba de manera significativa a los estados financieros del Banco”. Tanto alarde de sinceridad unido a la sentencia de que la única salvación posible era la venta, propiciaron que el mercado reaccionase. Se produjo entonces el desplome del valor en bolsa y la fuga masiva de depósitos. De nada sirvió ya el hecho relevante publicado por la CNMV negando riesgos de insolvencia porque el mal, queriendo o sin querer, estaba hecho. El mensaje caló en el mercado, que percibió, ahora sí de manera definitiva, que en la mesa de operaciones había un cadáver al que solo se podía enterrar.

Emilio Saracho.

Emilio Saracho.

Y aquí entró en juego el MUR. España ha servido, una vez más, de banco de pruebas. Tras años de dudas sobre la veracidad de las cuentas del Banco Popular, el pasado 6 de junio, la Junta Única de Resolución –responsable de todas las entidades de la unión bancaria- determinó la inviabilidad del Popular por imposibilidad de atender sus compromisos de liquidez y la falta de garantías suficientes para que el BCE siguiese proporcionándosela. Fue ahí cuando se decidió aplicar el bail-in, es decir, que fuesen los accionistas, los tenedores de bonos subordinados y convertibles quienes sufragasen el entierro, dejando como herencia la salvación de los depositantes y la garantía de la estabilidad en el sistema financiero.

Habría que dirimir las responsabilidades de una gestión aparentemente negligente por parte de sus dos últimos presidentes, la dejadez de funciones de los controladores y las claves políticas de la operación

Los hechos son conocidos, pero en el aire quedan aún muchas preguntas sobre el mecanismo aplicado, las posibilidades de mejora y, sobre todo, sus consecuencias futuras. De manera más inmediata habría que dirimir las responsabilidades de una gestión aparentemente negligente por parte de sus dos últimos presidentes, la dejadez de funciones de los controladores y las claves políticas de la operación.

Con todo, el movimiento de ficha que acaba de producirse traerá consigo otro efecto dominó en lo que parece ser la segunda fase de la reestructuración bancaria. Vamos hacia un escenario de elevada concentración bancaria a nivel europeo. Caminamos hacia un puñado de entidades capaces de concentrar todo el negocio en un oligopolio que, en España, a día de hoy ya está altamente concentrado, las cinco grandes entidades del país tienen una cuota de mercado del 72%, cuando en el 2008 era del 42%. El tsunami financiero ha acabado también con 15.000 oficinas y 1/3 de la plantilla existente hace una década. Y el coste para el contribuyente, de momento, asciende a 60.000 millones de euros, según el último informe publicado por el Banco de España, pero que, si fuésemos rigurosos se elevarían casi hasta los 100.000. Ahí es nada.

La muerte del Popular se produjo con la complicidad del Banco de España y del auditor
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