Buscar

Muchos de los problemas de España se resumen en dos palabras: inseguridad jurídica

¿Qué hacemos ante la inseguridad jurídica? "Cada día estoy más preocupado por cómo funciona España", confiesa este autor, economista de profesión, en su debut en MUNDIARIO.

Muchos de los problemas de España se resumen en dos palabras: inseguridad jurídica
La Justicia no da ejemplo de cómo debe funcionar el país.
La Justicia no da ejemplo de cómo debe funcionar el país.

Firma

Rubén Camino Lagunilla

Rubén Camino Lagunilla

Controller financiero, economista y master en Gestión de Pymes. Colaborador de MUNDIARIO.

¿Qué hacemos ante la inseguridad jurídica? Cada día estoy más preocupado por cómo funciona España, confiesa este autor en su debut en MUNDIARIO.

 

Me gustaría que se interpretase este artículo como positivo y constructivo. No como algo crítico y negativo, porque ya tenemos bastante con sobrevivir escuchando al mismo tiempo malas noticias de forma permanentemente en casi toda la prensa.

Propongo una reflexión a políticos, medios de comunicación, organismos públicos que agrupan a colectivos de abogados, economistas, gestores administrativos, arquitectos, y resto de profesionales para no olvidarme de ninguno, a entidades privadas o público-privadas que agrupen a esos u otros colectivos, a todos los ciudadanos.

Si por un casual una persona que vive en España decide cumplir a rajatabla la ley, es decir, decide que no quiere recibir ni un solo requerimiento de ninguna administración, porque quiere cumplir con sus obligaciones tributarias de todo tipo (locales, provinciales, regionales, nacionales, europeas, o cualquier otra si la hubiera), ¿sería posible?

Mi opinión es que es imposible. ¿Por qué? Porque además de que hay muchas leyes, hay algo más que es la interpretación de las mismas, de los reglamentos, de los reales decretos, las opiniones en prensa o en publicaciones especializadas, los debates en medios de comunicación, las sentencias y la jurisprudencia, en definitiva, la maraña de normas que inunda España.

Vivir en estas circunstancias no es posible, o como se dice ahora, es insostenible. No hay manera de planificar nada, dudas por doquier, hay que irse a la norma que había en una fecha concreta, ya no de un año, sino de día y mes, para saber qué estaba vigente. Hasta les debe ser muy difícil, a las publicaciones especializadas, mantener un orden cronológico sobre la vigencia de los artículos de las leyes a una fecha determinada.

La inseguridad jurídica

Esto se resumen en dos palabras: inseguridad jurídica. El ciudadano de a pie no lo sabe, pero es que no se lo puede ni imaginar. Yo tengo un despacho profesional y me avergüenzo de que el sistema funcione así, me da vergüenza explicar a un cliente que no hay solución cierta, segura y concreta a un problema que me pueda plantear, o a una simple operación que quiera realizar pero libre de sanciones, o sustos de cartas de la administración. Todo es interpretable, y la Administración ahora mismo actúa interpretando a su favor la ley (recaudando), no sirviendo para nada un Recurso de Reposición que resuelve la propia Administración, y respondiendo off the record “recurra usted ante los tribunales”, lo cual genera un coste insostenible en cuanto a costes de mantenimiento del sistema para gestionar todo esto, para llegar a encontrarte al final (después de muchos meses o años) con un juez que interpreta la ley de una manera, y más tarde (días, meses o años) te encuentras a otro juez que dice lo contrario ante un caso parecido o incluso el mismo.

Pero esto no ocurre solo en materia fiscal, ocurre también en materia laboral, inmobiliaria en todos sus ámbitos, civil y mercantil. ¿Será que el sistema quiere que esto sea así? ¿Quiere realmente que esto sea una desorganización que se convierta en un caos?

Los estatutos 

Y ¿qué es el sistema? Es una palabra de moda que define un todo en general. En principio y por orden, voy a tratar de explicarlo haciendo un simil: Un país es una empresa dirigida por los administradores, o directores, o gerentes, con cientos de asesores, y con accionistas que somos todos los ciudadanos. El sistema serían las normas por las cuales funciona esta empresa, es decir, los estatutos. Esta empresa (España) a través de sus políticos (dirigentes) deben obtener el máximo beneficio para sus accionistas (ciudadanos). Los accionistas queremos la máxima rentabilidad de nuestras acciones en forma de Bienestar Social, lo que se basa en poder vivir en paz y con bienestar: funcione la educación, la sanidad y las pensiones, como los tres pilares fundamentales, y funcione también el día a día, la electricidad, la telefonía, la vivienda, el trabajo, la seguridad, …

Si los accionistas no obtienen rentabilidad en cualquier empresa, ¿qué hacemos? Venden sus acciones e invertimos en otra empresa (nos vamos a otro país) o cambian a sus dirigentes para que enderecen el rumbo de la empresa obteniendo rentabilidad (bienestar social). ¿Qué hacemos entonces como accionistas?

Los estatutos (el sistema) dicen que los accionistas podemos elegir dirigentes cada cuatro años, pero no coinciden las fechas de la elección en las empresas nacionales, ni en las autonómicas ni en las locales. Ojo: las empresas autonómicas y locales son filiales de la empresa nacional, por lo que somos accionistas de todas ellas. Y ojo: la empresa nacional fue comprada por una empresa europea (Europa).

Y los estatutos no impiden que los dirigentes puedan tomar y/o ejecutar decisiones poco antes de la fecha de que decidamos si renovamos los cargos por cuatro años más, o bien los cambiamos, lo que puede condicionar lo que puedan realizar los nuevos dirigentes.

Además, los dirigentes de las empresas filiales no están de acuerdo con las directrices de la empresa matriz, lo que distorsiona el funcionamiento de todas las empresas, lo que influye en la rentabilidad que los accionistas queremos obtener en todas las empresas: bienestar social.

Reforma fiscal

Nuestros dirigentes nacionales proponen una reforma fiscal Integral en el año 2014 cuando en el año 2015 toca renovar cargos (elecciones), es decir, esos cambios pueden volverse a cambiar durante los siguientes cuatro años si decidimos cambiar de dirigentes.

¿Qué hacemos? Sinceramente, no lo se. Lo que sí se es que esto es insostenible, crea malestar, desánimo, cabreo, envenenamiento de la sociedad, que conlleva a corrupción, fraude, insumisión. Todo se pone en duda, el que más grita, tiene la razón y puede pedir lo que le venga en gana, que hasta incluso lo consigue.

El sentimiento general que veo es que la inseguridad jurídica es total y absoluta, que no hay colectivo, ni ciudadano que esté contento en cómo vive, que tiene una sensación de robo o saqueo del bienestar social que teníamos y del que todavía algo tenemos, y sobretodo que la Justicia no da ejemplo de cómo debe funcionar el país: no es ágil y no tiene criterios unificados precisamente, y de nuevo, por la inseguridad jurídica.

Apáticos y no participativos

¿Qué hacemos? Lo realmente interesante no es mi opinión, sino las soluciones que podemos proponer cada uno en el debate que se abre después de este artículo. Por favor, participad. Esta es otra causa de la inseguridad jurídica que tenemos, nos volvemos apáticos y no participativos porque se piensa, “total, para qué?”. ¿cómo es posible se hagan denuncias más graves como las que hace el Sr. Perez Reverte en sus artículos, o las que hace el Sr. Évole en su programa Salvados y aquí no pase nada? ¿cómo es posible que se hagan fichajes multimillonarios en el fútbol y digan “estaban distraídos 40millones de euros” y nos lo tomemos a broma? ¿cómo es posible que se manipule el Libor y el Euribor y nos lo tomemos a broma?

¿Qué hacemos? Mi propuesta es que todas las empresas (organismos) sean auditadas y sus informes sean públicos (accesible a los ciudadanos), en paralelo con una revisión de todo el sistema de elección de dirigentes (los estatutos), acompañado de una Justicia ágil (sobre todo los casos mediáticos) y coherente (criterios unificados).

loading...