Dos ministerios discrepan por las capturas de marrajo dientuso

Marrajo dientuso. / Wikipedia
Marrajo dientuso. / Wikipedia
La Xunta de Galicia exige al Gobierno que impida la destrucción de 900 toneladas de marrajo, mientras las organizaciones ecologistas aplauden el veto comercial.
Dos ministerios discrepan por las capturas de marrajo dientuso

​Si la acción de gobierno es el resultado de una más o menos perfecta sincronización en el trabajo -posterior a la planificación de lo que se pretende llevar a cabo-, el Ejecutivo español debe fallar estrepitosamente en la conjugación de tal verbo -sincronizar- cuando entre los ministerios de Agricultura y Pesca y el de Transición Ecológica, con el añadido de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia a la que ninguno de los ministerios citado concede cuartelillo a la hora de permitirle la más mínima decisión en relación a los 90.000 kilos de marrajo dientuso acumulados en las cámaras  frigoríficas de varios buques pesqueros, además de las toneladas trasladadas a instalaciones de frío en tierra.

En ambos casos, una pérdida lamentable de recursos económicos que, obviamente, parece no resultar preocupante para un Gobierno más pendiente en este momento de resolver sus trifulcas internas y la lucha contra la Covid-19, que el problema que afecta a un centenar de buques españoles -mayoritariamente gallegos- a los que el dolce far niente de la Administración pesquera causa pérdidas estimadas en cerca de un millón de euros.

Destrucción de toneladas de marrajo

Son cerca de 100 los palangreros perjudicados desde hace meses por el silencio administrativo que tanto el ministerio de Luis Planas como el de Teresa Ribera mantienen respecto al reparto de cuotas de marrajo dientuso en el Atlántico Norte.

De esos casi un centenar de palangreros, la mayoría pertenecen a armadoras gallegas y tienen su puerto base en  A Guarda, Vigo, Marín, Celeiro y Burela. Todos ellos ansiosos ante la decisión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) de repartir el tope de pesca marcado y que para España significa el poder capturar 940 toneladas en el año 2020 en aguas del Atlántico Norte, sin tener en cuenta que en agosto de 2019 se adoptó un acuerdo por el que los palangreros están obligados a comercializar las capturas de marrajo dientuso con un certificado de la Secretaría de Estado de Comercio que solo se expide en función de los criterios del Ministerio de Transición Ecológica, que permite únicamente la comercialización de 350 toneladas en los mercados internacionales.

¿Qué hacer, por tanto, con las restantes 550 toneladas?. Son animales muertos, destinados al consumo humano, que no pueden ser vendidos y que desde julio de 2020 acumula la flota palangrera española cuya actividad se dirige -entre otras especies fundamentales como la tintorera y, sobre todo, el pez espada- a esta del marrajo, especie accesoria para los palangreros de superficie que, en la actualidad, podrían verse obligados a destruir y correr con los gastos de esta acción, o bien regalarlos. Una pérdida constatable tanto para las empresas pesqueras como para las tripulaciones de los palangreros.

Los controles

El sector no es el culpable de la situación generada. Esta proviene de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies  Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que ha decidido reforzar los controles del comercio internacional de este tipo de marrajo. Pero controlar no es prohibir su captura, a pesar de lo cual prima la opinión del Ministerio de Transición Ecológica incluso sobre la del ICCAT, organismo internacional encargado de velar por la gestión sostenible de los grandes migradores, que es al que sigue más o menos fielmente el Ministerio de Agricultura y Pesca en una evidente discrepancia con el de Transición Ecológica, si bien esta divergencia no se ha expresado públicamente, algo que deberá ser aclarado en breve porque los palangreros están decididos a presentar una demanda judicial contra el Estado en reclamación de ese millón de euros que estiman es el valor del dientuso paralizado por la prohibición de comercializar los 90.000 kilos que se les permitió pescar y que guardan, como ya se ha dicho, en congeladores que les sobran el almacenamiento.

El marrajo dientuso se cotiza en los mercados a alrededor de cinco euros el kilo, si bien las aletas -muy estimadas en la gastronomía asiática y estadounidense- alcanza precios muy superiores.

La paralización de las capturas se debe a un veto comercial, no biológico, y alguien debe explicar, discrepancias al margen- quien se responsabiliza de compensar económicamente a aquellos que no son los responsables de una pesca autorizada y planificada internacionalmente.

La Xunta de Galicia exige al Gobierno que impida la destrucción de esas 900 toneladas de marrajo, mientras las organizaciones ecologistas aplauden el veto comercial. @mundiario

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