El Ministerio de Empleo apura la nueva puesta en marcha del plan Prepara
El despacho de Fátima Báñez ha hecho llegar la propuesta y el borrador de la nueva edición a las consejerías de Empleo de los Gobiernos autonómicos.
El Gobierno debió retroceder en su proyecto del plan Prepara dedicado a los desempleados sin ingresos tras una sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia se debió a que la gestión de dicho plan debería recaer en manos de las comunidades autónomas. Su edición más reciente expiró el último 15 de agosto. Al día siguiente, el Ministerio de Empleo dio su palabra a los agentes sociales de que negociaría con las autonomías a fin de conseguir su renovación. La propuesta y el borrador del decreto, no obstante, han llegado este martes a las consejerías de Empleo, mientras Fátima Báñez, titular del ministerio en cuestión, rendía cuentas al Congreso.
El fallo del Constitucional fue emitido a finales de julio, un día antes, el Consejo de Ministros de ese mes. El plan Prepara, que ha beneficiado a 952,000 personas desde que fuera lanzado en 2011, terminó el 15 de agosto. "Queremos que ninguna persona se quede sin protección y lo digo de buena fe", apuntó Báñez en la Cámara Baja.
Para cuando se apruebe la nueva edición del plan se hará de forma retroactiva, prometió la funcionaria, a fin de que quien cumpla con las condiciones desde el 15 de agosto pueda tener acceso a esta ayuda. No obstante, llegado ya el 29 de agosto, todavía no se tiene claro cuándo se concederá esta prórroga.
El Gobierno, entretanto, tiene clara su hoja de ruta. Espera que las comunidades autónomas le den la gestión del Prepara, saltándose así una nueva intervención del Constitucional. No obstante, con ese fin necesita que las 17 administraciones le den su bendición y en ese punto dependerá todo de qué diga el País Vasco, que fue la autonomía que recurrió al Alto Tribunal. No obstante, el PNV, partido oficial vasco, asegura tener toda la intención de colaborar, en palabras de Íñigo Barandiaran, su portavoz. En retorno, esperan que el Prepara sea compatible con el cobro del salario social del Ejecutivo caso y ha exigido más competencias para las políticas de Empleo. "Tenemos voluntad de permitir la viabilidad del programa por razones humanitarias y de solidaridad, ofrecemos colaboración”, explicó Baradiaran, "pero exigimos reciprocidad por parte del Gobierno español en el tratamiento de esta cuestión”.
