El mercado laboral empieza a desbloquear la ‘nueva normalidad’ con la desescalada

La prioridad y el leitmotiv de la sociedad española ya no es la subsistencia. El estado de supervivencia, confinamiento, retracción y aislamiento en el país ha mutado. La economía, el comercio y la movilidad social comienzan a desbloquearse a medida que el Gobierno abre la puerta a una flexibilización en busca de esa normalidad que, aunque Pedro Sánchez lo niegue, no volverá a ser igual a la del período post-pandemia, pues los hechos indican que esta nueva era de la humanidad se ha polarizado y dividido entre los período pre y el esperado post de un ciclo de involución, modificación, desaceleración y desglobalización del sistema de vida humano y su rol dentro del planeta. Ahora, el mercado laboral apunta hacia la nueva normalización de la vida en España a partir de una desescalada que no da un blindaje certero ante la crisis vigente.

Mientras nos acercamos a la mitad del año, la fuerza laboral española ve con buenos ojos la reactivación de una estructura económica maltrecha por la excesiva carga fiscal, la traicionera inflación, aunque sea leve, y la deuda pública acumulada del Gobierno. Y es que en mayo ha comenzado a recuperarse el empleo perdido en las primeras semanas de la crisis del coronavirus, pero esa fase de reconstrucción de los espacios de actividad económica y laboral tan necesarios para la reanimación del trabajo y el consumo, ha venido a florecer en tan solo los dos primeros días de un junio que promete nuevos cambios progresivos en medio de un ligero empinamiento de la curva en V o U de la crisis española detonada por la pandemia.  

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La muestra de que ahora ha retornado la oferta del trabajo es el incremento en la afiliación a la Seguridad Social, que subió en casi 190.000 cotizantes entre el final de abril y el de mayo. Esto implica que ahora son casi 200 mil los españoles que se han incorporado al sistema de contribuciones fiscales para la expansión del fondo destinado al pago de las pensiones con sus respectivos dividendos tributarios para las arcas del Estado. Y en ese mismo período habrían salido de los ERTE 387.815 afectados, según los datos de los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo conocidos este martes.

Entonces, las empresas se han recuperado progresivamente de una espiral de contracción de su operatividad debido al impacto del confinamiento para evitar la propagación de la Covid-19 cuando España alcanzó su pico de contagios al ser el segundo país con más casos en todo el mundo detrás de Estados Unidos. Afortunadamente, lo peor ya ha pasado y el consumo se recupera a medida que la población se comporta en un clima social de confianza al control epidemiológico como mecanismo de estabilización de la vida cotidiana y de la movilización en pro de la actividad comercial, laboral y económica dentro del nuevo contexto nacional en camino al período post-coronavirus que, sin duda, será una nueva fase en la agitada historia española.

Pero el impacto de la pandemia todavía es muy evidente: el paro aún sube (26.573 el mes pasado); desde el 12 de marzo se han destruido unos 760.000 puestos de trabajo y hay tres millones de afectados por regulaciones temporales de empleo.

Esto implica que la crisis laboral del país aún no ha terminado y se hace imperativo el establecimiento de un mecanismo que genere nuevas inversiones públicas y privadas con capital mixto; del Estado y de los empresarios, así como capital externo e interno, a fin de generar nuevos empleos que reconstruyan el tejido socioeconómico desgastado por la perenne y continua desintegración de una fuerza laboral muy necesaria en este ciclo de recuperación.

Mayo solía ser un buen mes para el empleo. No es que en 2020 haya sido malo, sino que ha sido endeble. Se ha creado empleo y ha elevado la cifra total de cotizantes hasta los 18,5 millones, aunque todavía existe una franja de desempleo que eclipsa la recuperación del sistema de Seguridad Social en favor de la regeneración de la actividad laboral.

Pero sí ha sido peor, bastante peor, que en los años precedentes. Y, además, ha subido el paro registrado. Ya hay 3,85 millones de personas inscritas en las oficinas públicas de empleo demandando trabajo, lo que representa una carga fiscal para el Gobierno y eso se traduce en el peso de los subsidios por desempleo justo en un momento en que el flujo de caja del Estado acumula un déficit del -3% del PIB con una deuda externa de 115% del PIB.

El Gobierno debe mucho, ingresa poco, gasta demasiado y es presionado por una ola de demandas sociales que desgastan el tejido socioeconómico, afectan su base electoral, generan tensión social y socavan los pilares del ya deteriorado Estado del bienestar español por la demagogia del socialismo. @mundiario