Más de 40.000 parados de larga duración seguirán cobrando el subsidio de 430 euros
También se ha aprobado la primera reforma legislativa adscrita al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto para que unos 42.000 parados de larga duración puedan seguir cobrando la prestación de 430 euros del extinto Programa de Activación para el Empleo (PAE), que habían dejado de percibir por, entre otros motivos, haber encontrado un puesto de trabajo y al volver al desempleo no pudieron recuperar el cobro.
Pese a que se había creado un nuevo subsidio en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 ante la finalización de este programa temporal y del Plan Prepara el pasado 30 de abril, estos parados no podían recuperar el cobro de la ayuda del PAE ni tampoco acogerse al nuevo subsidio, explica Expansión. Ahora, las personas que tenían concedido el subsidio de 430 euros del extinto Plan de Activación para el Empleo y que habían suspendido su cobro, podrán recuperarlo.
Por otro lado, se ha aprobado la primera reforma legislativa adscrita al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo que entró en vigor el pasado 27 de diciembre de 2017. Se trata, concretamente, de una modificación del Código Civil para que los hijos e hijas menores de mujeres víctimas de violencia machista no necesiten contar con la autorización del padre maltratador para recibir atención psicológica.
El Pacto de Estado rubricado por el Parlamento establece la necesidad de desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad. Esto implica modificar el artículo 156 del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales. Así, el Gobierno modifica la ley para que baste "con el consentimiento del progenitor o persona encargada de la tutela o custodia o tutela no incursa en el proceso penal". "Es decir, la custodia compartida no puede ser impuesta, sino que se velará por la protección de los menores", apuntó la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.
El Real Decreto también incluye la devolución de las competencias en materia de violencia de género y otras políticas sociales a los ayuntamientos. "Tienen que recibir competencias que se les arrebataron para poder responder mejor en clave de política preventiva", declaró Calvo al respecto. Para ello, se deroga una parte de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) del Gobierno del PP, para que los consistorios recuperen las competencias perdidas en este ámbito, entre las que están las políticas de prevención y atención a las víctimas. @mundiario
