Maduro busca desesperadamente inversores extranjeros para reactivar PDVSA

El presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, ambos sancionados por Estados Unidos por corrupción. / El Nacional
El presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, ambos sancionados por Estados Unidos por corrupción. / El Nacional
Bajo la polémica Ley Antibloqueo, el régimen de Maduro busca atraer capitales extranjeros de empresas chinas, rusas e iraníes, pero las sanciones de EE UU limitan su éxito.
Maduro busca desesperadamente inversores extranjeros para reactivar PDVSA

Venezuela busca un respiro económico. La presión de las sanciones de la mayor potencia mundial sobre un pequeño país de América Latina cuyo Gobierno controla el territorio bajo la fuerza militar, a modo de una dictadura muy acendrada en el poder, sigue haciendo efecto en el régimen de quien hoy es el presidente (de facto) de Venezuela, Nicolás Maduro. Aunque su cúpula política se encargue de decir hasta el cansancio, como un elemento clave de su aparato de propaganda, que la crisis económica venezolana fue causada por las medidas de presión de Estados Unidos, la realidad es que la debacle empezó desde 2014, cuatro años antes de que Washington empezara a apretar las tuercas sobre Caracas bajo la Administración de Donald Trump

Con un país empobrecido, sumido en la hiperinflación, la destrucción de su moneda local, una dolarización que profundiza día a día la desigualdad social, desempleo y una abrupta sangría de ciudadanos que emigran hacia otras latitudes de América Latina, el Gobierno de Maduro busca reanimar la fuente de riquezas que una vez posicionó a Venezuela como la economía más estable de América del Sur y una de las más estables en Latinoamérica. Hoy, la realidad es completamente opuesta; la venezolana es la economía más devastada de la región incluso antes de la llegada de la pandemia. 

Es por ello que el autócrata socialista busca cualquier vía para captar inversiones que pueda destinar a la industria petrolera nacional, que en su momento fue el origen del 96% de los dólares que entraban al país y con los que el Gobierno de Hugo Chávez primero y luego el de Maduro derrocharon, expoliaron y desviaron las ingentes riquezas que poseía Venezuela (más de 44.000 millones de dólares en reservas internacionales y más de US$200.0000 millones provenientes de los ingresos por exportaciones de petróleo en los últimos diez años).

Las intenciones del régimen

Venezuela pretende duplicar la producción hasta llegar a 800.000 barriles diarios. Actualmente produce 400.000 b/d, de los que 200.000 son enviados a Cuba en regalías políticas. Pero con un cerco financiero que Washington ha levantado en torno al régimen chavista prohibiendo a empresas y proveedores externos cualquier tipo de transacción o contrato con el Gobierno venezolano, la cúpula del chavismo, bajo control de todas las instituciones del Estado, diseñó un supuesto marco legal -llamado Ley Antibloqueo- para permitir la llegada de contratistas internacionales, principalmente de países aliados del chavismo, como Rusia, China e Irán (los tres sujetos también a sanciones y ultimátums de EE UU). 


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Esa medida está diseñada para sortear las sanciones de Estados Unidos, pero supone un claro reto a la Casa Blanca con la intención de Maduro de recuperar la inversión extranjera cuando el mercado internacional está totalmente cerrado para Venezuela por la descomunal deuda de 150.000 millones de dólares que el país tiene pendiente (y en default) con más de 400 acreedores individuales extranjeros, muchos de ellos operadores bursátiles de Wall Street. 

“Los vetos y la opacidad informativa de la ley son todo un problema para las compañías occidentales grandes, visibles, expuestas en sus países, obligadas a informar de sus pasos. El temor a las sanciones es todo un impedimento”, comenta un alto ejecutivo del sector que prefiere no identificarse, según reseñó El País.

El efecto de las sanciones

Esto implica que las corporaciones que prestan servicios de cabotaje, traslado de petróleo y mercadeo del crudo en grandes países consumidores, como China, no verán incentivo alguno en comerciar con Venezuela por el temor que generan las sanciones de Washington, que podrían hundir las finanzas de esas compañías si alguna de ellas es detectada haciendo negocios con el régimen de Maduro, pues EE UU controla el sistema financiero internacional y todo el mercado petroleo mundial se mueve en dólares. 

Durante años fue uno de los grandes exportadores mundiales de petróleo y Venezuela llegó a producir 3,5 millones y medio de barriles diarios de crudo a lo largo de varias décadas. Pero fue a partir de 2017 cuando la caída libre de la producción comenzó a deteriorar esa envidiable infraestructura con la que contaba Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). A partir de ese año, la estatal empezó a sufrir pérdidas diarias de hasta 20 millones de dólares por cada lote de barriles que se dejaba de exportar a causa de la falta de mantenimiento, la mala gestión, la escasez de inversión del Gobierno y la designación de militares en el manejo de una industria técnica que amerita el conocimiento de ingenieros, no de generales de la Fuerza Armada. Cabe destacar que en 2017 aún EE UU no había impuesto sanciones sobre Venezuela. 

La corrupción desbordada (más de 100.000 millones de dólares desviados de PDVSA a cuentas en paraísos fiscales como Suiza y Panamá por parte de altos gerentes chavistas de la compañía), el endeudamiento descontrolado (más de 40.000 millones de dólares), la devaluación de los sueldos en bolívares por la hiperinflación y la emigración del personal calificado de Petróleos de Venezuela han reducido la producción a 400.000 barriles. Más de 30.000 trabajadores de la industria petrolera venezolana han desertado en los últimos cuatro años. Y aunque el régimen quiera resucitar a PDVSA echando mano de los préstamos de China e Irán, no habrá recuperación si los países consumidores y las empresas contratistas no están dispuestos a hacer negocios con un país que está sujeto a las sanciones financieras de la mayor potencia mundial.

Una posible salida

Donald Trump profundizó las sanciones y estuvo cerca de no renovar las concesiones a las transnacionales petroleras estadounidenses como Chevron y Exxon Mobil, aunque finalmente sí lo hizo, pero esas compañías operan en Venezuela en empresas mixtas de PDVSA, a la cual deben destinar el 30% de su producción en regalías al Estado y cubrir una fuerte carga de impuestos que exige el régimen de Nicolás Maduro. Con esas dos y otras varias empresas petroleras al borde del colapso financiero en un país que les fue muy rentable durante años, es probable que se produzca una salida en cadena si el presidente de EE UU, Joe Biden, no levanta o flexibiliza algunas sanciones que alivien la presión sobre la extrema carga tributaria que deben cumplir los gigantes de la industria internacional extrayendo ‘oro negro’ de los enormes yacimientos venezolanos. 

Si eso ocurre y el Gobierno de Maduro logra concentrar más de 1.000 millones de dólares con un aumento de la producción hasta 900.000 o 1 millón de barriles diarios, entonces la industria petrolera venezolana podría llegar a ser un colchón en la eliminación de la hiperinflación, la recuperación de los empleos y la mejora en el poder adquisitivo (en dólares) de los trabajadores venezolanos. @mundiario

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