El brote de peste porcina en Collserola pone a prueba la solidez del músculo exportador español
La detección de varios jabalíes infectados por peste porcina africana (PPA) en Collserola supone el primer brote en España desde 1994. A diferencia de otras enfermedades, la PPA no afecta al ser humano ni compromete la seguridad alimentaria. Sin embargo, su capacidad de contagio entre cerdos salvajes y domésticos, y la virulencia de sus efectos económicos, sitúan a esta crisis en el centro del mapa político y comercial del país.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, lo expresó en su primera comparecencia: “La peste porcina africana no se transmite a los seres humanos ni compromete la seguridad alimentaria”, un mensaje dirigido tanto al consumidor como a los mercados internacionales. El problema no es sanitario para las personas, sino económico, comercial y estratégico para un sector que depende de su reputación internacional.
España es el mayor exportador de porcino de la Unión Europea y el tercer productor mundial, solo detrás de China y Estados Unidos. El sector genera más de 8.800 millones de euros en exportaciones anuales. El 60% de esas ventas se dirige a países comunitarios, donde el comercio continúa gracias a la libre circulación intraeuropea.
El riesgo se concentra en el 40% restante: 3.700 millones de euros procedentes de ventas a países terceros, muchos de los cuales operan con sistemas estrictos de regionalización sanitaria. Es aquí donde el brote de Barcelona ha impactado con rapidez.
China ha suspendido temporalmente la importación de productos porcinos de 12 empresas catalanas. El país asiático, históricamente uno de los mayores compradores de cerdo español, ya ha remarcado que dispone de proveedores alternativos, entre ellos Brasil, y que mantiene alta autosuficiencia productiva.
Japón ha frenado completamente las importaciones, sin aceptar la regionalización en sus protocolos sanitarios. El impacto es significativo, ya que el país asiático representa aproximadamente el 9% de las ventas no comunitarias. Del mismo modo, Reino Unido ha paralizado las operaciones tanto de carne fresca como procesada, a pesar de que el Gobierno español busca limitar el veto únicamente a Barcelona y no al conjunto del país.A estos países se suman Filipinas y Estados Unidos, que han suspendido parte de los certificados de exportación. La cifra total bloqueada supera ya el centenar.
La respuesta gubernamental: contención sanitaria y diplomacia económica
Planas ha insistido en que el Gobierno está actuando en dos frentes simultáneos: control epidemiológico y negociación internacional. En lo sanitario, las autoridades mantienen un perímetro de inspección de 20 kilómetros alrededor del área donde se hallaron los jabalíes infectados, un radio que comprende 39 explotaciones ganaderas actualmente libres de virus.
Las medidas para tratar la crisis incluyen el refuerzo de la bioseguridad en granjas, restricciones de movimiento animal, vigilancia intensiva de fauna salvaje y análisis de nuevos restos encontrados en el entorno.Las investigaciones contemplan varias hipótesis de origen: alimentación de jabalíes con restos contaminados, transmisión a través de fauna silvestre o introducción deliberada de animales infectados. Por ahora no hay conclusiones definitivas.
En paralelo, el ministro ha iniciado contactos diplomáticos con los países afectados. El objetivo: limitar el impacto a Cataluña y evitar un cierre total del mercado internacional. La prioridad gubernamental es que la crisis se aborde con la lógica de la regionalización, no con prohibiciones totales —algo que ya ha sido aceptado por China y algunos países del sudeste asiático en ocasiones anteriores.
Una posición de liderazgo internacional que vuelve a ser vulnerable
El contexto europeo no es ajeno a la PPA. Bélgica en 2018 y Roma en 2022 enfrentaron episodios similares que requirieron más de un año para recuperar el estándar sanitario internacional de “libre de enfermedad”. Este precedente obliga a España a prepararse para una respuesta larga y rigurosa.
A diferencia de lo ocurrido en los 90, el sector porcino español de 2024 es un gigante económico: representa el 40% del valor de la producción ganadera nacional y el 17% del total agrario español. Cataluña y Aragón concentran tres de cada cuatro euros de exportación. No es solo una cuestión veterinaria: es un ecosistema productivo industrial, de empleo y de cadena logística.
La Generalitat solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha desplegado 117 efectivos, 25 vehículos, drones y estaciones de descontaminación. La unidad NRBQ, especializada en emergencias biológicas, asiste en la captura y seguimiento de fauna salvaje. El objetivo inmediato es evitar que el virus entre a explotaciones domésticas.
La decisión ha sido acompañada de coordinación entre administraciones: Gobierno central, Generalitat y autoridades locales. Barcelona y localidades vecinas mantienen perímetros cerrados en zonas boscosas y han bloqueado caminos de fauna para frenar la circulación de jabalíes infectados.
Si no aparecen nuevos casos y el perímetro se mantiene bajo control, el proceso de recuperación internacional puede comenzar en meses. Pero si la transmisión continúa, el reloj se reinicia: la normativa exige un año sin casos para declarar un país libre de PPA.
Aquí reside la preocupación del sector. Un simple foco controlado en un área natural —sin granjas afectadas— puede tardar años en revertir vetos globales, porque los mercados operan con criterios de riesgo, no de proporcionalidad. @mundiario