Los modelos regulatorios de Costa Rica siguen careciendo de mecanismos flexibles

El título del libro: 'Reflexiones'.
La figura de la concesión no debe ser condenada o rechazada como tal, dado que es un instrumento que bien utilizado puede contribuir al desarrollo de infraestructuras y a que el sector privado invierta.
Los modelos regulatorios de Costa Rica siguen careciendo de mecanismos flexibles

El modelo de valoración de activos financieros, conocido por sus siglas al inglés “Capital Asset Pricing Model” (CAPM), ha venido siendo utilizado en Costa Rica para reconocerle a los inversionistas la renta necesaria para realizar inversiones físicas en todo tipo de industrias y por supuesto aquellas industrias que contratan con el Estado.

Dicho modelo suma tres factores básicos, la tasa de recuperación del capital libre de riesgo que comúnmente se utiliza la referencia a los bonos de mediano y largo plazo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la tasa de riesgo país asociada para lo que se utiliza comúnmente la referencia al nivel de riesgo asociado a través de clasificadoras internacionales, y la tasa de retorno esperada del proyecto, que generalmente se descuenta después de impuestos.

Este modelo es utilizado en nuestra ARESEP para la recuperación de la renta al capital asociada con las inversiones en energía, transporte, agua y otros bienes o concesiones de servicio público.

Este mismo modelo de valoración es el que se utiliza en la fijación de tarifas por peajes para los concesionarios de las distintas obras, puertos, aeropuertos y carreteras.

Es ahí que podemos ver las deficiencias en las valoraciones y juicios hechos por el Concejo Nacional de Concesiones, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Planificación y Política Económica respecto a la carretera a San Ramón.

La revisión de este modelo puede darnos una tasa de rentabilidad o rendimiento esperado del capital, que según mis cálculos para el proyecto San José-San Ramón, está sobredimensionada en alrededor de un 40%. Esto significa que no es necesario medidas como la deducción del impuesto de renta o la eliminación de partes sustantivas del contrato firmado, para disminuir el valor de los peajes en la carretera a San Ramón.

Con una revisión al CAPM la carretera podría disminuir en 50% los costos por peajes. Ciertamente el mundo financiero internacional ha cambiado y las condiciones en que se pueden financiar obras también. Lamentablemente nuestros modelos regulatorios siguen careciendo de mecanismos flexibles para aprovechar las ventajas y pagamos proyectos hasta el doble de su valor de mercado.

La figura de la concesión no debe ser condenada o rechazada como tal, dado que es un instrumento necesario y bien utilizado puede contribuir al desarrollo de la infraestructura y a que el sector privado invierta por el bienestar del país, por ejemplo los recursos de los Fondos de Pensiones, que tanta falta hace tener instrumentos adecuados para canalizarlos a proyectos rentables.

Sin embargo, requerimos un esfuerzo país para modernizar al Estado y darle competencias fuertes y nuevos instrumentos para convertirse en un verdadero fiscalizador de la acción del sector privado.

Mientras la CGR siga contando medias y ropa interior de los jerarcas y no haga una verdadera fiscalización de los proyectos grandes y su incidencia, seguiremos siendo un país donde a las pulgas se les aplasta y los elefantes caminan por doquier.

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