Costa Rica: Los costos de la carretera San José-San Ramón están claramente inflados
Una carretera es como una corriente sanguínea para el cuerpo social y económico de su alrededor. A lo largo de la carretera tenemos un ecosistema social y productivo que se integra e interconecta con el resto del sistema económico y social del país.
Es por eso que cualquier proyecto público de esta naturaleza debe evaluarse no solamente en términos de su rentabilidad económica, sino también en su impacto social y los efectos sobre ese ecosistema productivo en el que se articula.
He leído y escuchado a defensores y opositores al proyecto San José-San Ramón y quiero expresar lo que pienso y las conclusiones a las que he llegado, luego de haber leído la información pública publicada por el Consejo Nacional de Concesiones de Costa Rica.
Los costos de la carretera están claramente inflados y son al menos un 30% por encima de los verdaderos costos privados de atender el proyecto, tal y como está descrito en los documentos del CNC.
No existe fundamento técnico razonable que valide un crecimiento en costos de un 200% en una década. Desde mi punto de vista, un tercio del valor de la obra no debería de pasarse a tarifas.
El segundo componente es el financiamiento, asumiendo que los riesgos financieros y los costos de acceso al financiamiento son excesivamente elevados, más de un 40% superiores a la norma, por ejemplo, para proyectos de generación de electricidad.
Esto significa un sobreprecio a lo largo de los años de vida útil del proyecto que hace la carretera a San Ramón, el proyecto de infraestructura más cara por metro lineal del continente americano.
Ambos componentes, el de costos físicos y el mecanismo financiero, hacen que la obra de infraestructura aumente en alrededor de un 50% sus costos.
Es posible, desde mi parecer, para el Estado tener una revisión y un modelo financiero alterno para el proyecto, que permitiría tener la misma obra, con la mitad del valor de los peajes propuestos por el CNC.
Pagar la obra así de cara o pagarle al concesionario lo gastado y rescindir el contrato parecen ser las únicas salidas en este momento.
El error cometido y la negligencia administrativa de los entes públicos involucrados, en cuenta la Contraloría General de la República, el MOPT y los actores involucrados dentro del CNC le saldrían más baratos al país si rescinde el contrato que si lo siguen empujando tal y como está.
Por lo visto en Alajuela y las manifestaciones hechas por los actores sociales involucrados este proyecto no tiene sustento ni soporte político en la región tal y como está en este momento.
¿Seguirá el gobierno actual empujando contra corriente el barco que seguramente tarde o temprano se hundirá?
El arte de gobernar es saber escuchar las razones a tiempo y si bien, podemos equivocarnos como humanos, pareciera que la humildad de reconocer y corregir a tiempo el error en este proyecto, también mostraría el verdadero liderazgo que esperaríamos de una presidenta.
Para el país más vale la paz social y el progreso en democracia, que una carretera.
