La lacra del fiscal tiene remedio… si de verdad queremos

Oficina de la Agencia Tributaria. / RR SS
Oficina de la Agencia Tributaria. / RR SS

La economía sumergida y el fraude fiscal necesitan ser minimizados. Para ello, es necesario contar con estimaciones fiables y oficiales que permitan aplicar medidas para controlar la evasión de impuestos.

La lacra del fiscal tiene remedio… si de verdad queremos

España experimentó un cambio extraordinario y muy positivo en su sistema tributario y su Seguridad Social con el retorno de la democracia. Pero, como casi todo, un cambio no exento de problemas. El principal de ellos: la fuerte, aunque del todo necesaria, subida de la presión fiscal contribuyó a que un número significativo de contribuyentes tuviese más incentivos para escapar del fisco y caminar hacia la oscuridad de la economía sumergida. Hoy son lacras enquistadas que requieren un nuevo impulso reformista y ambicioso, generando la base institucional y sociológica para un mejor cumplimiento tributario y el afloramiento de actividades ocultas. En ello nos van muchas cosas. Porque las actividades no declaradas provocan competencia desleal entre las empresas cumplidoras y las que no lo son, así como una erosión en la capacidad de generar ingresos públicos y, por tanto, dificultando el cumplir con los objetivos de déficit.

Sin duda, el primer paso para ese impulso es contar con estimaciones fiables y actualizadas de su incidencia.

Los estudios disponibles (no oficiales) muestran que la economía sumergida habría aumentado tendencialmente en los años ochenta y la primera mitad de los años noventa. A partir de entonces, existe mayor diversidad en las estimaciones. En todo caso, la práctica totalidad de los estudios nos sitúan hoy por encima de la media de los países de la OCDE y los países centrales de la Unión Europea (UE-15). Nosotros estaríamos por encima del 20% y la media se encontraría más cerca (aunque por encima) del 15%.

En lo que atañe a la evasión fiscal, la literatura (de nuevo, no oficial) está comparativamente menos desarrollada. Las investigaciones más recientes estiman una pérdida de recaudación cercana al 6% del PIB, cifra que debe tomarse con cautela, pero que sirve para mostrar la relevancia cuantitativa del problema.

Por todo lo anterior, la propuesta que defiendo desde hace ya un tiempo es que el Ministerio de Hacienda cree una comisión oficial de expertos para: (i) consensuar una metodología, para disponer de estimaciones regulares de economía sumergida y del fraude fiscal; (ii) analizar los principales factores explicativos de ambos fenómenos y las operaciones, agentes y sectores en los que se concentran; y (iii) ayudar a definir las medidas de corto, medio y largo plazo para su mitigación.

Insisto, nos va mucho en ello.

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