La Unión Europea vulnera sus principios para “matar” el naval gallego

Vista parcial del astillero Hijos de J. Barreras, en Vigo.
Vista parcial del astillero Hijos de J. Barreras, en Vigo.
¿Por qué un sistema que en 2004 y 2009 era válido para Bruselas, en 2011 ya no lo es, cuando existía una clara “confianza legitima” en la legalidad de las bonificaciones fiscales del naval de España?
La Unión Europea vulnera sus principios para “matar” el naval gallego

 

Los astilleros españoles han estado sujetos al sistema de bonificaciones fiscales mediante la estructura del tax lease -astillero, naviera/armador, estructurador financiero e inversores-, antes de que fuera suspendido por la Comisión Europea. Pero la propia Comisión había declarado que el tax lease "no era discriminatorio".

¿Por qué ahora se cambia de criterio? ¿Es legítimo hacerlo? A mi juicio no es posible porque, al hacerlo así, se vulnera un principio fundamental del derecho europeo: el principio de "confianza legítima”. Un principio jurídico que es constante en la jurisprudencia comunitaria y nacional en las últimas décadas. Incluso está recogido en nuestra legislación en el artículo 3 de la Ley de Reforma del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que establece que hay que respetar los principios de buena fe y confianza legítima.

Las empresas, partes en un acuerdo que puede ser contrario a la competencia, alegan con frecuencia dicho principio ante una actuación administrativa les ha hecho pensar que ese acuerdo era legítimo. Pero, lo cierto es que pretende proteger a las empresas y a los ciudadanos frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata de situaciones en las cuales no se tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si las empresas –como es el caso de los astilleros- tienen razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima las protege. De lo que hay ejemplos en Europa: en 2004 el asunto "matching" holandés, cuatro astilleros holandeses habían recibido subvenciones de su gobierno para poder competir en precios precisamente con los astilleros españoles.

Pues bien, el comisario de Competencia determinó que esas ayudas eran ilegales tras verificar que el sistema fiscal español (que combinaba una amortización anticipada y acelerada de bienes) era perfectamente válido y, por tanto, no había una competencia desleal. Pero no fue el único caso en el que se avaló el tax lease español, ni el más claro.

En 2009, la anterior comisaria Neelie Kroes manifestó por escrito a Noruega -uno de los países que conjuntamente con Holanda y Alemania impulsaron la denuncia contra el tax lease español- que nuestro sistema "no era discriminatorio" y que la Comisión, por tanto, no tenía intención de tomar medidas en este sentido.

¿Por qué un sistema que en 2004 y 2009 era válido para Bruselas, en 2011 ya no lo es, cuando existía una clara “confianza legitima” en la legalidad de las bonificaciones fiscales del naval de España? Y, por consiguiente, existía una expectativa justificada de que era perfectamente posible seguir obteniéndolas, y que de ello derivaba una conducta favorable al fomento de tal expectativa.

Al frustrarse estas expectativas jurídicas, solo se puede calificar de “ilícito” el cambio normativo que anuncia la Comisión Europea de manera sorpresiva, sin medidas transitorias, y los astilleros gallegos están cargados de razón cuando defienden la solución de este expediente sin aplicar la retroactividad; por cierto, como ocurrió con Francia.

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