La economía sumergida alcanza en España sus cuotas más altas de la mano de la crisis

El volumen de la economía sumergida en España equivale al 23,3% de su Producto Interior Bruto, lo que significan unos 244.000 millones de euros anuales.
La economía sumergida alcanza en España sus cuotas más altas de la mano de la crisis

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La facturación falsa o falseada, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución o el blanqueo de capitales son actividades ligadas a la economía sumergida  Nacho Rascon vía Compfight

En sociedades desarrolladas con problemas, como es el caso de la española, es frecuente oír hablar de la economía sumergida con muchas denominaciones, tales como: oculta o paralela, actividad no declarada, trabajo “en negro”, pago “en B” o sin factura, empleo irregular, etcétera. Expresiones que se refieren a la misma realidad, que no es otra que el incumplimiento legal de la actividad económica regulada por el Estado para producir bienes y prestar servicios.

La facturación falsa o falseada, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución o el blanqueo de capitales son algunas de estas actividades ilegales que frenan el crecimiento de la economía y que afectan a toda la sociedad. Pero no solo eso, también están ciertas actividades profesionales de muy distintos niveles, alquileres, compra-ventas de inmuebles, etcétera.

En España, la tasa de paro no ha dejado de aumentar, con lo que afirmar que la crisis incentiva la presencia de la economía sumergida tiene toda su lógica. Al menos los expertos coinciden en afirmar que la dureza de la recesión está provocando cada vez más actividades de la economía en negro. Y claro está, como en España hay millones de puestos de trabajo no declarados se producen tremendas consecuencias para el Estado en términos de ingresos fiscales, ya que se dejan de recaudar, a su vez, miles de millones de euros en cotizaciones fiscales laborales y en materia de impuestos, como el IVA o el IRPF.

En una entrevista realizada en Bruselas, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia de la UE, el español Joaquín Almunia, aseguraba que “necesitamos tener paliativos y colchones de más calidad y no amortiguadores como la economía sumergida, que es verdad que suaviza un poco la situación grave de desempleo que vive España (más de un 26%, según la última Encuesta de Población Activa), pero al mismo tiempo crea muchísimos más problemas", por lo que cree que estamos ante “el peor de los colchones posibles contra el paro”.

Una actividad que se escapa del control de Hacienda

El aumento del desempleo, las subidas de impuestos y los descensos en el consumo provocan un recrudecimiento de la crisis y la intensificación de la actividad “en B” o no controlada de forma fiscal. La economía sumergida española roza el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que significa que se dejan de recaudar casi 75.000 millones de euros al año, una cantidad que permitiría sanear las cuentas y reducir el elevado déficit público del país. Alarmante.

Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda de España, uno de los grandes focos de fraude que existen son las operaciones de compraventa de empresas constructoras e inmobiliarias. En concreto, la evasión fiscal en el sector inmobiliario puede representar 8.500 millones de euros anuales en España, una barbaridad.

El volumen de la economía sumergida en España equivale al 23,3% de su PIB, lo que significan unos 244.000 millones de euros anuales. La comunidad autónoma con un mayor peso relativo de su economía sumergida es La Rioja, donde representa cerca del 31,4% de su PIB. Tras ella se situarían las Islas Canarias (28,7% de su riqueza), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (con el 27% y 26,9%, respectivamente), Castilla-La Mancha (26,5%), Galicia (26,3%), Aragón (25,5%) y Castilla y León (25%). A continuación se encontrarían Andalucía (24,9%), Murcia y la Comunidad Valenciana (24,3% en ambos casos) y Cantabria (23,7%), todas ellas por encima de la media española. De este modo, según el presidente de Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, las únicas comunidades con menores niveles de evasión fiscal que la media serían Cataluña (22,3%), País Vasco (20,6%), Asturias (20,2%), Navarra (20%), Madrid (19,6%), Baleares y Extremadura (con un 19,2% cada una).

Varios mecanismos en marcha para combatir el problema

Como consecuencia de la crisis financiera, la economía sumergida ha aumentado en casi todos los países desarrollados que han tenido que tomar medidas para atajarla. Para ello se aprobó en España la llamada Ley Antifraude, que entró en vigor el 31 de octubre de 2012, calificada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como "la ley antifraude más ambiciosa de la democracia". Entre otras medidas, limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones donde participen empresarios o profesionales y perdona la sanción al contribuyente que denuncie los hechos, pues reducir la cuota de uso del dinero en efectivo acabaría fomentando el crecimiento del PIB y del empleo, tanto por la vía de los ahorros públicos (más ingresos fiscales, menos gasto en prestaciones, más eficiencia y transparencia, etcétera) como por la de los ahorros privados, facilitando la generación de renta disponible para consumo e inversión.

Con todo ello cabe la esperanza de apostar por una mejor calidad de las instituciones democráticas y también por una normativa fiscal cercana a la realidad social, es decir, por mejoras en la agenda del Gobierno para la llamada Ley Antifraude. @noemifarinas

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