IPC, retraso de la jubilación y penalizaciones: las claves de la primera parte de reforma de las pensiones
El Gobierno y los agentes sociales han firmado este jueves la primera parte de la reforma de las pensiones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha celebrado en los jardines de La Moncloa su décimo acuerdo con patronal y sindicatos luego de unas negociaciones "complejas”. “Esto es solo el principio de una reforma que urgía. Es muy importante seguir trabajando con los agentes sociales. La reforma de las pensiones está en la columna vertebral de la acción de Gobierno. Tenemos la obligación de cumplir con nuestros compatriotas y también con Europa”, ha dicho el líder socialista en relación a los compromisos que el Ejecutivo ha alcanzado con la Comisión Europea.
El pacto establece, entre otras cuestiones, que las pensiones se revalorizarán de manera automática según el índice de precios al consumo (IPC); el aumento del incentivo para el retraso de la jubilación y el incremento de las penalizaciones para el adelanto; y la derogación del factor de sostenibilidad impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
Estas son las claves de la primera fase del acuerdo de la reforma de las pensiones:
Revalorización con el IPC todos los años
La reforma establece que las pensiones estarán indexadas al IPC y, por tanto, se revalorizarán cada 1 de enero de acuerdo con la inflación media anual del ejercicio anterior. En los casos de inflación negativa, las pensiones quedarán congeladas. En la práctica, la norma anula las previsiones de inflación para la revalorización y, con ello, las ‘paguillas compensatorias’ que se han estado aplicando si la inflación real superaba a la prevista.
"Estas medidas van a garantizar nuestro sistema público de pensiones. Damos horizonte, damos estabilidad, damos claridad. Nuestro sistema es totalmente viable, sostenible y lo estamos demostrando", ha insistido Sánchez.
Incentivos para retrasar la jubilación
El acuerdo contempla tres tipos de incentivos adicionales para los trabajadores que decidan prolongar su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación (entre 65 años y 66 años en 2021): un aumento de la pensión del 4%; el pago de una única cuota de beneficio (que dependerá del número de años cotizados y de la carrera de cotización); o una combinación de ambos incentivos.
De acuerdo con los datos presentados por la Seguridad Social, la cantidad a tanto alzado que percibiría alguien que decida jubilarse voluntariamente más tarde de su edad legal podría llegar hasta los 12.060,12 euros por cada año de demora.
El Gobierno firma hoy un gran acuerdo en materia de pensiones con los interlocutores sociales.
— La Moncloa (@desdelamoncloa) July 1, 2021
➡️Garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas de forma permanente y refuerza la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
#AcuerdoPensiones
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Penalización para la jubilación anticipada voluntaria
El objetivo de la reforma es claro: acercar la edad legal de jubilación a la real (ahora en unos 64,6 años) y los baremos otros países europeos. Para ello, se implementarán coeficientes reductores de la pensión para aquellos que opten por la jubilación anticipada, los cuales afectarán directamente a la cantidad final en función del periodo de tiempo que hayan decidido adelantarla. Las nuevas tablas de coeficientes reductores entrarán en vigor ya en 2022 y, en ningún caso, la penalización será inferior al 2%.
Derogar el factor de sostenibilidad
Otro de los pilares de la reforma de las pensiones es la negociación de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya el actual factor de sostenibilidad, que se diseñará a través del diálogo y se incorporará al proyecto de ley en menos de 5 meses.
La primera parte del acuerdo deroga el ajuste introducido por el PP en 2013, cuyo objetivo era “ajustar el cómputo de las pensiones en relación con la esperanza de vida” y que, según el Ejecutivo de Sánchez, afectaría a todos los futuros pensionistas de manera indefinida.
El Gobierno y los agentes sociales no han alcanzado un acuerdo sobre el nuevo mecanismo y han adelantado que este punto es el más complejo de la negociación. El gran problema: los baby boomers, los nacidos entre los años 50 y los años 70 y la corte demográfica más voluminosa.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha admitido que se necesitarán medidas para garantizar las prestaciones de este grupo. "Es un ajuste bastante moderado. No verán mermada su pensión, podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles".
📝Los agentes sociales firman con @desdelamoncloa el acuerdo relativo a la primera fase de la reforma del sistema público de #pensiones
— CEOE (@CEOE_ES) July 1, 2021
El pdte de CEOE @agaramendil y el vpdte de @cepyme_ Santiago Aparicio junto a @CCOO @UGT_Comunica @SG_UGT @UnaiSordo
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Escrivá calcula que la reforma de pensiones entrará en vigor “a fin de año”: está previsto que llegue al Congreso a principios de septiembre y “podrá estar vigente en algunos elementos centrales ya para el año que viene”. Esto significa que las pensiones comenzarán a revalorizándose el próximo año con el IPC de 2021, por lo que “los pensionistas no tendrán que estar pendientes cada año de ver qué decide en presupuestos el Gobierno de turno”.
“Recuperar los consensos en materia de pensiones es un valor muy importante para este país. Este no es un acuerdo para cargar las pensiones en las futuras generaciones. Y lanza el mensaje de que el sistema de pensiones, en contra de lo que se decía, es perfectamente viable en España”, ha añadido Unai Sordo, líder de CC OO. “Vamos a seguir actuando siempre con independencia, con sentido de Estado, nos podemos equivocar pero trabajamos por el bien de España y con lealtad”, ha rematado el líder de la CEOE, Antonio Garamendi. @mundiario
