Buscar

MUNDIARIO

Los inquilinos aún esperan los créditos que el Gobierno prometió para sus alquileres

El próximo martes, en el Consejo de Ministros, se aprobaría una decisión muy importante que determinará en gran medida el rumbo de la estabilidad del sistema social en España.
Los inquilinos aún esperan los créditos que el Gobierno prometió para sus alquileres
Un piso en alquiler en un edificio residencial en España / eleconomista.es
Un piso en alquiler en un edificio residencial en España / eleconomista.es

Firma

Ricardo Serrano

Ricardo Serrano

El autor, RICARDO SERRANO, colaborador de MUNDIARIO, es un periodista venezolano especializado en política y economía con experiencia en diversos periódicos de Venezuela y un portal web de Argentina. @mundiario

Sentados y con mucha paciencia, pero siempre agotable, aguardan los españoles por la ayuda económica que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió ante el impacto económico de la crisis del coronavirus. En medio un contexto de Estado de Alarma y confinamiento en todo el país, la liquidez fiscal emanada del Banco Central Europeo, el Banco de España y las arcas del Ejecutivo, no termina de llegar luego de que la administración socialista aprobara un paquete de medidas económicas entre las que destacan 20.000 millones de euros en avales públicos para las empresas y créditos para que los ciudadanos bajo régimen habitacional de arrendamiento o alquiler puedan pagar sus deudas con los proveedores de viviendas.

Tres semanas después de que se anunciaran, los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a los inquilinos más vulnerables a pagar sus rentas siguen pendientes de dos trámites. Esta medida supone un alivio socioeconómico para una buena parte de la población española, pero al mismo tiempo representa una carga fiscal de al menos 60.000 millones de euros en créditos bajo términos flexibles, dado que las rentas e ingresos habituales de más de 900.000 españoles que hoy están en paro han quedado desvirtuados por el efecto expansivo de shock producido por la recesión que indujo la paralización de la actividad económica, comercial y empresarial a causa de la pandemia de coronavirus.

El primero de ellos es la orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Ministerio de Fomento) que definirá los requisitos para conceder la ayuda. El segundo es el convenido que deberá firmar el ICO con las entidades bancarias, a través de las cuales se vehicularán los créditos. Consistiría en un mecanismo financiero de distribución por la vía de entregas en depósitos o efectivo, pero no de líneas domiciliadas en las tarjetas de créditos de los cuentahabientes en el sistema bancario privado español.

Según el diario El País, fuentes del citado Ministerio, no obstante, señalan que ambos procesos se encuentran muy avanzados. La idea ahora mismo es que todo quede listo en el Consejo de Ministros del próximo martes. Entonces, llegado ese día, se aprobaría una decisión muy importante que determinará en gran medida el rumbo de la estabilidad del sistema social en España ante la expansión de una crisis doble: económica y sanitaria, que van de la mano en su propagación a medida que avanza la curva de transmisión de la Covid-19.

A partir de ahí, señalan fuentes de la banca, sería cuestión de “días” que los clientes pudieran solicitar los préstamos, aunque dependerá de los requisitos que ponga la orden ministerial.

El rotativo precisó que sí se tiene conocimiento sobre que la línea de ayuda tendrá un tope de 1.200 millones de euros. Así quedó fijado en la “disposición adicional tercera del decreto de medidas económicas complementarias” que publicó el BOE este miércoles.

Esa orden especifica que se podrá añadir nuevos requisitos. El decreto que estableció las ayudas, el pasado 31 de marzo, ya fijó algunos principios sobre qué inquilinos se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Las condiciones para acceder a los préstamos son de dos tipos: por un lado, el solicitante debe haber quedado desempleado, entrar en un proceso de despido temporal (ERTE), haber reducido su jornada para realizar cuidados o, si es empresario, demostrar una bajada “sustancial” de ingresos a raíz de la epidemia de Covid-19. El cumplimiento de este requisito podría hacerse mediante la expedición de un informe socioeconómico elaborado por contados públicos puestos a disposición de la población beneficiaria por parte del Estado.

Como resultado, la unidad familiar debe quedar con ingresos inferiores a tres veces el IPREM (equivalente a 1.613,52 euros al mes) con algunos correctores en función del número de hijos u otras circunstancias. En segundo lugar, la renta de alquiler más los pagos básicos de vivienda deben suponer más del 35% de los ingresos de la unidad familiar. De esta forma, el Gobierno interpretaría que el núcleo familiar se encuentra en una situación de vulnerabilidad socioeconómica o pobreza de ingresos. @mundiario