Los ingresos por tributos propios explican en la práctica el presupuesto municipal

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Monedas del euro.

Si los vecinos son las personas que se benefician de los servicios y competencias de la administración municipal, deben ser ellos los obligados a financiar gran parte de los mismos.

Los ingresos por tributos propios explican en la práctica el presupuesto municipal

Los ingresos por tributos propios, más los que aportan las transferencias y subvenciones, explican en la práctica el presupuesto municipal. En los municipios gallegos, por ejemplo, los ingresos por transferencias y subvenciones oscilan entre el 30% del presupuesto en las siete ciudades principales y el 70% en los municipios con menos de 5.000 habitantes (64% del total). 

Las transferencias se justifican por razones diversas: a) completan la suficiencia financiera del municipio; b) garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos; c) impulsan la solidaridad y d) propician la colaboración institucional. Las subvenciones son transferencias finalistas y también precisan explicación. Su presencia se justifica cuando existen externalidades positivas, cuando se producen déficits estructurales en la prestación de servicios o cuando existen  competencias adicionales o compartidas. Pero las transferencias y subvenciones también generan problemas específicos que deben ser conocidos. Ambas producen ilusión financiera sobre la gratuidad de los servicios públicos, porque su distribución no siempre se explica, porque sin transparencia generan sesgo político (clientelismos y paternalismos diversos). Por eso las transferencias y subvenciones deben estar regladas y ser además transparentes.  

La Teoría Económica del Federalismo Fiscal y la experiencia comparada que ofrecen los países federales, confirman que los ingresos por tributos propios y por transferencias/subvenciones, deben garantizar la financiación básica de las administraciones territoriales. A los tributos propios se le exige el protagonismo mayor. Los tributos propios deben garantizar gran parte de la suficiencia financiera, la autonomía política y la responsabilidad fiscal, Las transferencias y subvenciones completan el principio de suficiencia y refuerzan la solidaridad a través de la igualdad en el acceso a los servicios. La experiencia comparada confirma este diseño. Los tributos propios aportan recursos que oscilan entre el 50-70 por ciento de los ingresos totales, mientras las transferencias y subvenciones se mueven entre el 40-20 por ciento. Y si los ingresos por tributos propios se distancian del 50% del presupuesto, habrá que estudiar las causas y adoptar, en su caso, las medidas más oportunas, incluido el considerar a esa administración como fallida.   

Si los vecinos son las personas que se benefician de los servicios y competencias de la administración municipal, deben ser ellos los obligados a financiar gran parte de los mismos, jugando las transferencias niveladoras un papel menor en la suficiencia e importante en la solidaridad. Y si los vecinos votan a los gobiernos municipales, están obligados también a asumir los costes de sus decisiones.    

En la actualidad, los municipios gallegos reciben transferencias y subvenciones que proceden, básicamente, de tres Administraciones (Estado, Comunidad Autónoma y Diputación provincial), generando una situación compleja pero asequible y mejorable. Las trasferencias niveladoras del Estado y de la Comunidad Autónoma deben exigir informe anual, más atención parlamentaria y más transparencia. Las subvenciones que ofertan las Consellerías diversas a municipios deberían estar integradas con las subvenciones de las Diputaciones provinciales, evitando así duplicidades, lagunas y sesgos políticos. 

¿Por qué los gobiernos conviven sin conflicto aparente con la economía sumergida y el fraude fiscal de verdad?

Todas estas  cuestiones fortalecen nuestra educación democrática, si los ciudadanos se organizan para analizarlas y debatirlas. Estamos obligados a conocer las consecuencias políticas de nuestra realidad social: ¿cómo nos organizarnos? ¿por qué los gobiernos conviven sin conflicto aparente con la economía sumergida y el fraude fiscal de verdad? ¿por qué aumenta la desigualdad y la pobreza?  

En los Presupuestos del Estado para el presente ejercicio 2015, los costes de la deuda (intereses) suman 35.519 millones de euros. Si ese gasto no existiera, no habría déficit público. Pero estamos ante un concepto con amparo constitucional (artículo 135) que obliga a recortar el gasto en otros lugares (personal, inversiones, transferencias que financian la sanidad, la educación o la dependencia). O aumentar los impuestos (IRPF, IVA, II.EE.), que dañan otra vez a los ya golpeados. El impuesto de sociedades y los que gravan el patrimonio tienen bula. Lo dicen muy bajito los mercados  financieros.

  

Los ingresos por tributos propios explican en la práctica el presupuesto municipal
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