El ingreso mínimo vital le costará 3.000 millones de euros al Estado

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El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá / El País.

Los pagos de esas subvenciones se ejecutarán a través del sistema de transacciones y transferencias de la estructura del organismo de Seguridad Social.

El ingreso mínimo vital le costará 3.000 millones de euros al Estado

La hora de cumplir promesas que, hasta hace un par de meses eran populistas, ha llegado. Ya no hay más tiempo para la demagogia ni para agendas de políticas públicas. Es momento de concretar acciones, pues la emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia de coronavirus no da tregua en una población que requiere financiamiento urgente para no caer en la espiral de la anulación del consumo.

Europa atraviesa un período económico en el que debe impulsarse el ciclo del gasto fiscal y del endeudamiento, pues la resolución de las distorsiones financieras ya podrá ser aplicada una vez que, en primer lugar, se salven vidas humanas y se anteponga la integridad de la población en lugar del funcionamiento de la economía. Sin salud pública, no hay sistema económico sostenible.

Y es que el ingreso mínimo vital costará unos 3.000 millones a las arcas públicas, según ha adelantado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, este martes. Esto implica que el Gobierno deberá ejecutar una partida presupuestaria estimada en ese monto que equivale al 7% del producto interno bruto (PIB) español. Por lo tanto, el objetivo se basará en establecer un mecanismo que facilite la distribución y administración de ese fondo destinado al suministro de un subsidio especial que beneficiará a los españoles registrados en el sistema de Seguridad Social.  

Durante la presentación de los datos de afiliación a la Seguridad Social, el ministro José Luis Escrivá ha reiterado que la norma estará lista en la segunda mitad de mayo y se ha mostrado confiado en que ya en junio podrán percibirla los primeros beneficiarios. La ventaja de esa política de financiamiento es que será directa, ágil y con un margen de cobro y ejecución para garantizar la fácil recepción y retiro del dinero por parte de los ciudadanos.

“En cuanto entre en vigor, podrá solicitarse”, ha señalado el ministro Escrivá. Aunque no ha dado muchas concreciones más, el titular de la Seguridad Social ha apuntado que “la ayuda podrá solicitarse a diferentes administraciones pese a que será la Seguridad Social quien se hará cargo del importe”. Lo que no ha aclarado ha sido la cuantía que cada familia percibirá.

Los pagos de esas subvenciones se ejecutarán a través del sistema de transacciones y transferencias de la estructura del organismo.

Desde que ha comenzado la crisis, el ingreso mínimo vital y su diseño han ocupado parte del debate público.

Al principio, se especulaba con la posibilidad de que fuera una renta coyuntural destinada a los colectivos más vulnerables que quedaban fuera del resto de ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo para amortiguar el impacto social de la crisis.

Esta postura era defendida en el Gobierno por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias y por los sindicatos fuera de la mesa del Consejo de Ministros. También estaba en esta postura el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Sin duda, la medida ha generado un proceso de acoplamiento político entre la izquierda agrupada en los diversos estratos del sistema del Poder Público en España, tanto dentro del Gobierno por parte de actores socialistas como Iglesias, así como de Guindos, quien es una reconocida representación de la vida económica española en las altas esferas de la administración financiera en Frankfurt, hogar del BCE.

Pero finalmente se impuso la posición del ministro de Seguridad Social, que desde el principio ha defendido que había que crear una renta estructural que corrija la ineficiente distribución de rentas que se produce en España y que informe tras informe destacan organismos internacionales como la OCDE o la Unión Europea. Con ese mismo argumento, Escrivá ha respondido este martes al rechazo que mostró la patronal CEOE a esta medida.

Ese argumento implica que la intención del Gobierno es reformar el sistema de distribución de rentas junto con la estipulación de la escala de valoración de los subsidios de acuerdo a cada grupo social especialmente focalizado en esta política pública.

El lunes el vicepresidente del gremio de los empresarios, Íñigo Fernández de Mesa, advertía de que “no debían adoptarse medidas que añadieran gasto estructural a los presupuestos”. Con base en esta afirmación, la posición del sector empresarial sigue siendo muy taxativa: no están de acuerdo con un escenario en el que se llegase a agravar la crisis fiscal de España por la inyección de liquidez para financiar un programa de subsidios.

Y al día siguiente el ministro le ha respondido que precisamente por la deficiencia estructural española que se señala desde fuera, ese debía ser el carácter del Ingreso Mínimo Vital. La reacción de Escrivá se basa en que, dadas las falencias del sistema de pensiones, este ingreso podría ser un complemento que alivie las presiones socioeconómicas sobre una población que tiene años situada en el umbral de la insuficiencia del poder adquisitivo son salarios mínimos y jubilaciones de entre 900 y 1.000 euros al mes. @mundiario

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