Buscar

MUNDIARIO

Industria, territorio y agenda política

En medio del proceso de desescalada se atisba la emergencia de una nueva curva: la de las víctimas empresariales. La crisis generada por la COVID-19 precipita abruptamente caídas que se vienen gestando desde hace tiempo atrás.

Industria, territorio y agenda política
El complejo de Alúmina-Aluminio en San Cibrao (Lugo), junto a la balsa de lodos de Alcoa. / Mundiario
El complejo de Alúmina-Aluminio en San Cibrao (Lugo), junto a la balsa de lodos de Alcoa. / Mundiario

Firma

José Manuel Sánchez Santos

José Manuel Sánchez Santos

El autor, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ SANTOS, es doctor en Economía. Colabora en MUNDIARIO y es profesor titular de Economía Aplicada en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidade da Coruña. @mundiario

Los recientes anuncios de cierre de las plantas de Nissan en Barcelona o de Aloca en San Cibrao (Lugo) no son los primeros y, lamentablemente, no serán los últimos. Se trata de malas noticias especialmente difíciles de digerir en una situación crítica como la que estamos viviendo.

En el caso de Alcoa, parece existir cierto consenso en cuanto al diagnóstico. Costes energéticos elevados y volátiles, competencia internacional, hundimiento de precios del aluminio primario en el mercado internacional y la paralización del mercado asociado a esta crisis sin precedentes, configuran un coctel explosivo que compromete la viabilidad de la empresa y de la comarca en la que se asienta.

Este aparente consenso en el diagnóstico de las causas desparece a la hora de plantear soluciones. El abanico de las posibles alternativas va desde la venta a un inversor privado que apueste por la sostenibilidad de la empresa hasta las propuestas de nacionalización total o parcial, pasando por las ayudas públicas directas e indirectas. El problema es que algunas de estas opciones no parecen factibles y otras no resultan del todo convincentes.

Lecciones del pasado

Para orientar el debate sobre posibles soluciones, no estaría de más recordar algunas de las lecciones que se pueden extraer de la experiencia acumulada a lo largo del camino que ha desembocado en esta situación límite por la que atraviesan las plantas de Alcoa.

Por un lado, está la vulnerabilidad que supone el importante peso en la industria gallega de empresas cuyos centros de decisión están alejados de nuestras fronteras. En circunstancias difíciles, tanto la propiedad como la gestión de este tipo de empresas parecen mostrar un escaso compromiso con el territorio en el que se asientan.

Además, en el pasado, desde la Administración se ha optado por soluciones a corto plazo, dictadas en muchos casos por criterios de coste político y electoral. Este tipo de medidas transitorias no pasan de ser meros parches que, lejos de solventar el problema, han acabado por enquistarlo.

Una tercera lección es la relativa a la importancia del control y supervisión del uso de las ayudas públicas. En otras palabras, la necesidad de evaluar la eficacia y eficiencia del gasto público. Los hechos revelan que ayudas multimillonarias solo han servido como alivio transitorio y, por el contrario, tienen un coste de oportunidad muy elevado, medido este en términos del valor de las alternativas a las que se renuncia al destinar los recursos a un uso específico.

Es la hora de la política

Si se asume como premisa no reincidir en los errores del pasado, el escenario en el que nos adentramos, sin duda, va a poner a prueba más que nunca la capacidad de la política y de los políticos de ofrecer soluciones a problemas de gran calado para la industria y el territorio.

En este punto es donde cabe apelar a la responsabilidad institucional. Una responsabilidad que inexcusablemente pasa por un compromiso de coordinación, cooperación y acción conjunta entre Administraciones. Entre administraciones del mismo nivel, como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y entre Administraciones de distinto nivel, como el gobierno central, con competencias en materia de política energética y el gobierno autonómico, que las tiene en materia de política industrial.

En particular, el gobierno autonómico que salga elegido en las urnas en Galicia el próximo 12 de julio tiene ante sí un enorme desafío. Evitar el desmantelamiento de la industria gallega requiere la adopción de medidas que impulsen su transformación, avanzando hacia un modelo propio que reduzca la vulnerabilidad de la que actualmente adolece este sector. En las manos de ese nuevo gobierno estará el priorizar en su agenda política un plan de actuación en el que la planificación territorial y la política industrial constituyan ejes esenciales. @mundiario