Los huecos de la ley de la cadena alimentaria: pocas inspecciones y multas insuficientes

Protesta de los agricultores y transportistas en Madrid. / RR SS
Protesta de los agricultores y transportistas en Madrid. / RR SS
El objetivo de la norma es evitar posibles abusos de poder en el recorrido que lleva un producto desde la explotación agraria al supermercado.
Los huecos de la ley de la cadena alimentaria: pocas inspecciones y multas insuficientes

En medio de un panorama marcado por las crecientes exigencias medioambientales de la Unión Europea y una abrumadora carga burocrática, los agricultores y ganaderos europeos han alzado su voz en las últimas semanas, desencadenando protestas en varios países del continente. La Agenda 2030 de la UE, con su enfoque en la producción sostenible, y las demandas de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria han surgido como dos de las principales preocupaciones para el sector primario.

En España, la atención se centra nuevamente en la ley de la cadena alimentaria, diseñada para prevenir abusos de poder en la comercialización de productos agrícolas. Desde su reforma en 2022, se han impuesto alrededor de 470 sanciones firmes, con un valor conjunto estimado en 1,67 millones de euros. Estas multas se han dirigido principalmente hacia el incumplimiento de los plazos de pago, aunque solo ocho han sido por ventas por debajo de los costes.

A pesar de los avances introducidos por la legislación, el sector agrario considera que aún persisten irregularidades que perjudican sus márgenes. Las demandas de los agricultores incluyen una mayor simplificación del proceso para acceder a las ayudas públicas y una flexibilización de las normativas ambientales de la UE.

Andoni García, experto de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), destaca la necesidad de incrementar las inspecciones de oficio y propone el establecimiento de un sistema de alertas para detectar posibles irregularidades en los precios de los contratos.

Desigualdad de poder

Por otro lado, José Ugarrio, técnico de la organización Asaja, señala que el problema subyacente radica en la desigualdad de poder entre los productores y la industria, lo que conduce a una falta de capacidad de negociación por parte de los agricultores.

Mientras tanto, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, defiende la eficacia de la ley de la cadena alimentaria y destaca que las subidas de precios se han trasladado adecuadamente desde el inicio de la cadena hasta los puntos de venta. No obstante, reconoce que aún hay margen para mejorar el sistema de control.

En este contexto, el Ministerio de Agricultura tiene como objetivo fortalecer las inspecciones y promover la denuncia anónima por parte de los productores agrarios. Se plantea incluso elevar el estatus de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a nivel estatal, además de promover una mayor participación de las comunidades en los controles. @mundiario

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