Hacienda obtiene sumas millonarias tras sus pesquisas a Google en España
Gigantes como el buscador, Apple, Microsoft y otras son investigadas por prácticas fiscales con las que mueven dinero de un país a otro a fin de disminuir sus impuestos.
Hacienda recaudó hasta 3.700 millones de euros tras 189 inspecciones hechas a corporaciones multinacionales con operaciones en España a fin de detectar prácticas fiscales irregulares o abusivas por parte de las mismas. Estas compañías inspeccionadas se valen de recovecos legales para disminuir lo más posible su tributación. Esas cantidades destapadas en 2016, las cuales ya forman parte de la base imponible, representa una subida del 50% en relación a 2015. La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) fue creada hace cuatro años a fin de hacer frente a los abusos de estas grandes multinacionales. Dentro de las empresas que cuentan con un expediente en los despachos de Hacienda se encuentran algunas importantes como Google, Apple o Microsoft.
Para el 30 de junio del año pasado hasta 30 investigadores de la Agencia Tributaria entraron a la sede de Google en España, instalada en la Torre Picasso, reporta El País. Su idea era encontrar evidencia de fraude fiscal tras haber revisado y estudiado las cuentas del buscador y comprobar que sus oficinas en España tributaban una cantidad que no iba de acuerdo a sus multimillonarios ingresos en el país. Pese a que la empresa defiende con total seguridad que cumplen al pie de la letra la legislación fiscal y reniegan que hayan incidido en el más mínimo fraude, ella y otras de sus colegas tecnológicas multinacionales levantan varios recelos ya no solo en este país sino a nivel continental debido a sus dudosas prácticas fiscales.
El buscador de Sillicon Valley no es la única empresa que se encuentra bajo investigación por la hacienda española. Según presenta El País, la Agencia Tributaria tiene expedientes contra las sucursales en el país de empresas como Apple, Amazon, Microsoft y Yahoo, de acuerdo a las mismas empresas. A la vez, los funcionarios españoles tiene en la mira a otras corporaciones multinacionales de diversos sectores.
La agencia ha reforzado el control sobre estas grandes compañías que aprovechan sus oficinas en otros países para trasladar sus beneficios a países con tasas de tributos bajas. Y la estrategia, prosigue el rotativo, les ha dado resultados. El año pasado, la ONFI realizó 189 inspecciones, más de la mitad (60%) que en el ejercicio anterior. Para finales del año anterior había cerrado prácticamente la mitad de las actuaciones iniciadas (93), según El País, que conllevaron ajustes en la base imponible de una suma de hasta 2.500 millones de euros comparado a otras actuaciones que fueron solamente presenciales. A esa suma se debe agregar otra de 1.200 millones de actuaciones en donde la oficina fue elemental para el asesoramiento y asistencia de otras delegaciones de la agencia, especialmente la Delegación central de grandes contribuyentes, vital para el seguimiento de estas inspecciones.
La suma total del dinero descubierto por la ONFI llegó hasta los 3.700 millones de euros tras haber hecho inspecciones a multinacionales extranjeras, que es casi la mitad (48%) más de lo encontrado el ejercicio anterior, en el que la suma se quedó en los 2.500 millones. Desde su creación en 2013, esta oficina ha encontrado 8.100 millones de euros. La cantidad no aumenta de forma directa lo que recauda Hacienda, sino más bien agrega a la base imponible en la que se aplican los tipos de gravamen.
Esta rama de Hacienda se dedica a resolver asuntos de especial complejidad tributaria o casos de relevancia en asuntos relativos a fiscalidad internacional. La oficina de fiscalidad internacional intervino igualmente en los acuerdos previos de valoración sobre precios de transferencia (APA), explica El País. Eso consta de un grupo de acuerdos que Hacienda ha cerrado con varias empresas para disminuir la litigiosidad y dar mayor seguridad jurídica.
Los precios de transferencia no son más que una técnica contable que utilizan las grandes multinacionales gracias a licencias o royalties con las que mueven su dinero entre los países en que tienen presencia a fin de tributar lo menos posible. La revisión de los precios de transferencia y la negociación de los acuerdos previos sobre ellos está entre las obligaciones de la oficina, prosigue el diario español en su edición digital.
Ya en el ejercicio anterior, este despacho tomó participación en hasta 126 acuerdos previos de valoración, de los cuales 22 fueron estimados y han ayudado a garantizar bases imponibles por un valor que llega hasta casi los 3.400 millones de euros, es decir un 21% más que en el 2015, concluye El País.
