Hacienda acusa al Govern destituido de usar dinero público para el 1-O

José Enrique Fernández Moya, secretario de Estado de Hacienda. / Twitter
José Enrique Fernández Moya, secretario de Estado de Hacienda. / Twitter

El Ministerio tampoco descarta que Ómnium Cultural y la ANC hayan causado daños al erario público durante la organización de la consulta.

Hacienda acusa al Govern destituido de usar dinero público para el 1-O

El Ministerio de Hacienda ha denunciado formalmente al Gobierno de Cataluña destituido con la activación del artículo 155 de la Constitución así como a los líderes y representantes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural. La denuncia, enfilada en el Tribunal de Cuentas, acusa a aquéllos de malversación de fondos públicos por los gastos hechos para la organización y celebración del referendo independentista ilegal del 1 de octubre. José Enrique Fernández Moya, secretario de Estado de Hacienda, ha remitido una carta a la fiscalía del tribunal en la que exige que se depuren responsabilidades por los egresos obtenidos de las arcas públicas para cualquier detalle de la consulta secesionista. El secretario también pide que se responsabilice a la Administración del expresident Carles Puigdemont como principal responsable de los daños ocasionados a las arcas públicas, así como la reclamación de las indemnizaciones de rigor.

Pero las exigencias de Fernández Moya continúan. El secretario también ha solicitado que se calcule hasta cuánto ascendió el importe de los daños que sufrió el erario público a fin de organizar el referendo, para el que se aprovechó mobiliario e inmobiliario público.

Nuevo proceso por el mismo tema

La denuncia de Hacienda es ya la cuarta hecha por el mismo tema. La primera se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, que ordenó cárcel para ocho exconsejeros del Gobierno de Cataluña. La segunda la conduce el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tiene a los mismos exfuncionarios como imputados y que apunta a apiñarse en la Audiencia. La tercera está abierta en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra las cabezas del destituido Ejecutivo comunitario.

Esa tercera precisamente se abrió en febrero y por lo tanto es la que se encuentra más encaminada a estas alturas. La causa investiga la organización del referendo así como la creación de las estructuras de Estado. El 20 de septiembre último, el juzgado dio la orden de registrar departamentos de la Generalitat y pidió a la Guardia Civil que remitieran cualquier documento que tuviera que ver con dos partidas presupuestarias que llegan hasta los 6,2 millones de euros y que, de acuerdo a los magistrados, fueron usados para la organización de la consulta. El último movimiento obligó al Gobierno de Cataluña a detallar los costes del 1-O -desde los actos de campaña hasta los gastos cubiertos a los observadores internacionales- al tiempo que aclara de dónde sacaron cada centavo para ellos.

Todos los dedos apuntan al Govern

Fernández explica también que ya hay un procedimiento judicial en el Superior de Cataluña por malversación de caudales públicos. "Procedería reclamar del mismo tribunal las actuaciones practicadas para delimitar daños y las personas responsables y fijarse así el eventual importe de las indemnizaciones", ha dicho el secretario. También agrega que a fin de determinar quiénes han ocasionado estos daños es necesario partir de la "delimitación subjetiva de los posibles responsables contables que incurran aquellos que tengan a su cargo el manejo de los caudales o efectos públicos".

El secretario apunta con sus dedos directamente al cuerpo del Govern destituido como los instigadores de la consulta ilegal y de haber permitido que se abusara de recursos públicos para su celebración. "Es evidente que la presunta responsabilidad contable de los miembros del Gobierno de la Generalitat se deriva de su participación directa en la articulación del entramado normativo y de actuación ejecutiva de dirección de todos los actos y procedimientos necesarios para hacer posible el referéndum del 1 de octubre", reza el documento enviado al tribunal.

Las acusaciones a Omnium y ANC

En cuanto a los otros señalados en la denuncia de Fernández Moya, Hacienda exige a los fiscales que investiguen "la eventual responsabilidad que les corresponda". De igual forma, exige a ambas organizaciones que aclaren de dónde viene el dinero público con que se sustentan (mediante subvenciones) y que aclaren también en qué lo gastan.

Los de Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, se muestran especialmente preocupados por el papel de las agrupaciones que dirigen Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. "El papel de estas organizaciones en la participación en la promoción y organización del referéndum parece evidente a la luz de las diferentes noticias publicadas en los medios de comunicación", explica el Ministerio. "Debe destacarse también el papel principal llevado a cabo en la organización, promoción y presunta financiación de la actuación ilegal del denominado referéndum del día 1 de octubre por parte de las organizaciones de carácter asociativo denominadas “Ominium Cultural” y “Asamblea Nacional Catalana", lo cual puede representar que se haya usado dinero público a fin de realizar actividades ilegales o que violen lo dictado por los distintos tribunales. @mundiario

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