Hablar de esclavitud en la pesca no es ninguna novedad
Hablar de esclavitud en la pesca no es ninguna novedad. Constatar que esa esclavitud conduce a la muerte de tripulantes es, además, una aberración y la máxima expresión de un salvajismo inconcebible en nuestro tiempo y en una sociedad que acepta plenamente un capitalismo que, hasta hace poco tiempo, repudiaba. Pero se ve que la asunción de ese capitalismo no obliga a los empresarios de la pesca orientales a la asunción de unos principios que el resto de empresarios pesqueros del mundo tiene como norte y guía (más o menos). Pero en el sudeste asiático y la mismísima China los parámetros que estipulan las reglas de contratación de los trabajadores de la pesca, especialmente la de túnidos, no parecen coincidir ni de cerca con las que rigen en el mundo occidental. También es cierto que el incumplimiento de esas normas por los citados países parece no impedir que la siempre competitiva Unión Europea renuncie a hacerse con unos recursos, en este caso pesqueros, que les llegan libre de aranceles.
La UE importó en 2019 más de 79.500 toneladas de atún capturado por bracos pertenecientes a las flotas chinas y del sudeste asiático exentos, como se ha indicado de aranceles y que han pasado de representar el 5% en 2012 al 53% en 2019. Las importaciones europeas tienen como destino principal el consumo interno de los ciudadanos de la Unión.
Todo esto sale a la luz después de que el Gobierno de Indonesia haya presentado sendas reclamaciones ante las dos Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) que gestionan las pesquerías de atún tropical en el Pacífico. En estas organizaciones estaban inscritos oficialmente los palangreros de pabellón chino acusados de trato vejatorio a sus tripulantes en las últimas semanas. Este trato dio como resultados la muerte a bordo de dichos buques de cuatro trabajadores que, al parecer, fueron arrojados al mar y, supuestamente, devorados sus restos por los escualos abundantes en el área. Las autoridades indonesias han abierto una investigación criminal al respecto, mientras que en el mundo occidental se dan pasos para hacer patente la disconformidad de las empresas pesqueras y las organizaciones sindicales con esos hechos. Es el caso de la patronal española CEPESCA que rechaza sin ambages lo sucedido y reclama un mayor control de los buques que faenan en la zona al amparo de acuerdos oficiales.
El Gobierno de Indonesia exige a las ORP la adopción de medidas urgentes contra el abuso laboral, aplicando leyes y políticas internacionales en vigor. Reclama, además, investigaciones exhaustivas e independientes sobre la existencia de trabajo forzoso a bordo de pesqueros chinos, con jornadas de más de treinta horas y descansos que habitualmente no superan las seis horas. @mundiario
