Guerra abierta entre Red Eléctrica y las grandes energéticas por el apagón

España sufrió el pasado 28 de abril uno de los mayores apagones eléctricos del siglo XXI. Pero más preocupante que el fallo en sí ha sido la respuesta posterior: una batalla de informes, acusaciones cruzadas y una ausencia clamorosa de asunción de responsabilidades. Ni dimisiones, ni indemnizaciones. Tan solo una danza de reproches entre Red Eléctrica (Redeia), las grandes empresas del sector y, en menor medida, el propio Gobierno. Un espectáculo institucional que convierte el fallo técnico en un síntoma de algo más profundo: la fragilidad de un sistema que debería ser, precisamente, garante de seguridad, coordinación y transparencia.

Redeia, el operador del sistema eléctrico español, ha optado por el contraataque. Según su informe interno, la causa del apagón no estuvo en su programación ni en su gestión, sino en el incumplimiento de las obligaciones por parte de terceros: las centrales eléctricas que no regularon la tensión como debían, pese a estar contratadas para ello. La diana se sitúa en un punto concreto del mapa —una planta fotovoltaica en Badajoz—, y a partir de ahí se construye un relato: fallaron los generadores, no la red. Es decir, que el problema no fue de mando, sino de ejecución.

Sin embargo, la versión oficial del Gobierno dice otra cosa. El Ministerio para la Transición Ecológica acusa a Red Eléctrica de haber programado el menor número de grupos térmicos capaces de controlar tensión de todo el año en el momento del apagón. Una decisión difícilmente justificable en un sistema que debe ser preventivo por definición. A ello se suman las advertencias de falta de información por parte de las eléctricas, que se habrían escudado en la confidencialidad para no colaborar plenamente con los investigadores. Una situación que revela un ecosistema eléctrico opaco y plagado de intereses cruzados.

Lo más grave, sin embargo, no es que el sistema fallara. Los errores técnicos pueden existir, incluso en redes de alta complejidad. Lo verdaderamente alarmante es el clima de impunidad posterior. Red Eléctrica ha cerrado filas: no dimite nadie, no se admite fallo alguno, y no se contemplan compensaciones a los usuarios afectados. Al contrario, se trasladan responsabilidades con una contundencia más propia del márketing corporativo que de una empresa con función pública.

El discurso de su presidenta, Beatriz Corredor, y de su directora de operación, Concha Sánchez, ha sido rotundo: todo se hizo según los procedimientos, y quien tiene que rendir cuentas son otros. Sin embargo, esta lógica tecnocrática choca frontalmente con la percepción ciudadana. La ciudadanía no entiende que un operador del sistema no pueda prever y corregir desequilibrios. No entiende que las grandes eléctricas se nieguen a facilitar datos con agilidad. Y, sobre todo, no entiende que después de un fallo de tal magnitud no haya una sola consecuencia política o empresarial.

El apagón de abril ha puesto en evidencia algo más que una caída de tensión. Ha revelado la debilidad de los mecanismos de control en un sector esencial. La gestión eléctrica en España está en manos de un puñado de actores que operan con escasa supervisión efectiva y un alto grado de poder. La coordinación entre el operador, los generadores y el Gobierno, lejos de ser fluida, es ahora campo de batalla. Y mientras tanto, la ciudadanía queda expuesta a los riesgos de un sistema cuya fiabilidad debería ser incuestionable.

Lo ocurrido no puede quedar reducido a un cruce de informes técnicos. Estamos ante un problema político, institucional y estructural. La falta de asunción de responsabilidades mina la credibilidad del sistema eléctrico español y plantea una pregunta incómoda: ¿quién responde cuando falla la red? Porque si nadie lo hace, entonces lo que ha colapsado no es solo el suministro energético. Es la rendición de cuentas. Y con ella, la confianza pública. @mundiario