El Govern de Puigdemont pagó con bitcoins el software del 1-O

El Govern de Carles Puigdemont empleó criptodivisas, el llamado bitcoin, para pagar a Amazon y a Google, claves en la organización del referéndum soberanista del 1-O, y para financiar parte de los dominios de internet empleados por la Generalitat para promocionar el voto por la independencia.

El Mundo revela que según ha investigado la Guardia Civil, a Amazon le fue abonada la infraestructura que la Generalitat utilizó para contabilizar los votos de la convocatoria del 1 de octubre, y a Google el servicio por el denominado Proyect Privacy Shield, una herramienta que protege de ciberataques y que, en este caso, pudo emplearse como escudo para impedir el control de las autoridades. Ambas firmas han recibido una citación judicial.

Los datos han sido recabados por los investigadores de la Guardia Civil que trabajan a las órdenes del Juzgado número 13 de Barcelona, cuyo titular ha enviado una citación a ambas compañías para que expliquen las condiciones de su relación con la Generalitat en este aspecto de la votación. El juez ha podido seguir, a través de las investigaciones, la batalla que libraron los responsables de la Generalitat para conseguir y garantizarse las estructuras con las que montar las elecciones, acceder al censo y contar los votos, y sobre todo, la batalla para eludir el control del Estado.

Según consta en el sumario, las autoridades de la Generalitat intentaron desde un principio obtener una plataforma de software que les permitiese gestionar sin necesidad de intermediarios ni proveedores, las elecciones y consultas ciudadanas que convocase. Con este fin, uno de los responsables del Centre de Telecomunicacions del Govern (CTTI), Josue Sallent, se puso en contacto con la empresa Scytl (Secure Electronic Voting). Se llevaron a cabo varias reuniones que empezaron el pasado mes de abril y en el que Sallent planteó "el posible desarrollo de un software de recuento de votos para su uso en elecciones al Parlamento de Cataluña y consultas ciudadanas", según explicó un empleado.

La condición fue que todo estuviera preparado para finales de agosto, para, aproximadamente, un mes antes de la convocatoria soberanista. Scytl no rechazó inicialmente la propuesta y comunicó al Govern que un proyecto de esa envergadura podía costarle entre un millón y dos millones de euros. Pero, tras solicitar un informe jurídico al bufete Garrigues, comunicó al Gobierno que rehusaba la oferta porque, en ese momento montar la infraestructura que se les pedía no era ilegal pero podía serlo si finalmente era utilizado, como parecía, en el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. Los responsables del Govern intentaron encontrar una solución a este problema pero, según las fuentes consultadas, las empresas con las que contactaron posteriormente ponían precios todavía menos accesibles y además el tiempo se les echó encima. De modo que, según las citadas fuentes, descartada la posibilidad de tener un software de recuento propio sin intermediarios, "para acceder al censo utilizaron una aplicación de Scytl que incluso suele ser utilizada por organismos públicos y policiales para sus elecciones internas".

Según las fuentes consultadas, los miembros del Govern y los funcionarios involucrados pagaron con bitcoins algunos de los servicios y con tarjetas de crédito otros. Las contrataciones realizadas mediante este último método pueden ser rastreadas pero, precisamente porque el uso de las criptodivisas persigue el anonimato en el pago y la ocultación del origen, es más difícil que se llegue a saber a cuánto asciende la cuenta de todo lo abonado con bitcoins.

Uno de los elementos que más han pesado a la hora de enviar la citación judicial a Google es el hecho de que, para obtener el servicio Privacy Shield utilizado por la Generalitat, hay que enviar un informe a la central de la compañía en Estados Unidos justificando los motivos por el que se solicita. El juez quiere saber si los responsables de la Generalitat explicaron en dicho informe el carácter de la consulta que iban a convocar. Según fuentes de Google, el Privacy Shield es un escudo contra ataques masivos y continuados que tratan de sabotear un servidor por la vía de colapsarlo.

El bitcoin es una moneda virtual que irrumpió en el mercado mundial sin demasiadas expectativas, pero poco a poco ha ido conquistando su propia parcela y hoy es una divisa tan válida como cualquier otra. Como indica La Vanguardia, el anonimato bajo el que se usa esta criptomoneda posibilita que las transacciones económicas se desarrollen sin ninguna supervisión, aunque todas ellas queden grabadas en una especie de libro virtual de registro al que tienen acceso millones de dispositivos electrónicos en todo el mundo. @mundiario