Junqueras admite que las detenciones alteran el 1-O y vuelve a enviar los informes a Madrid
La Generalitat había afirmado que sólo remitiría un informe mensual pasado el referéndum del 1 de octubre bajo el argumento de que el requerimiento para enviarlos supone un "control político".
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, reconoce que la operación policial “altera” las condiciones del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. "Las circunstancias hoy son diferentes. La mitad del equipo de Economía está detenido", admite el vicepresidente de la Generalitat. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desvelado que la Intervención General de la Comunidad de Cataluña ha rectificado y ha continuado enviando los certificados semanales de gastos que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, anunció que no se volverían a remitir. En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha asegurado que el pasado lunes llegaron las certificaciones exigidas correspondientes a la semana pasada y que hoy mismo les han enviado las de esta semana.
La semana pasada, Junqueras envió una carta a Montoro en la que informaba que la Generalitat dejaría de enviar informes semanales sobre sus gastos y solo haría el mensual. En la misiva, consideraba que el requerimiento para remitirlos supone un "control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia". Además, aseguró que Cataluña sigue comprometida en el objetivo de déficit establecido para las comunidades autónomas, por lo que continuaría enviando los informes de gasto, aunque lo haría solo con periodicidad mensual.
El Gobierno español había impuesto a la Generalitat la necesidad de enviar los informes semanales para que ésta certificara por escrito que no destina partidas presupuestarias al referéndum. En la carta, Junqueras recordó que el Parlament aprobó el 6 de septiembre la ley del referéndum, que establece un "régimen jurídico excepcional, destinado a regular y garantizar la celebración del referéndum de autodeterminación" y que este régimen es "incompatible" con las medidas de control de gasto aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
