El Gobierno suspende su plan para contener los alquileres por la crisis sanitaria

Uno de los mercados más golpeados por la pandemia de coronavirus es el de la vivienda, y concretamente, el de los alquileres. Al estancarse la actividad económica y el consumo, los capitales dejan de distribuirse y circular hacia los sectores no esenciales más allá de los de alimentación y medicina. La realidad es que, aunque los arrendamientos son esenciales también, muchas familias españolas tienen que decidir entre comer o pagar el alquiler ante la insuficiencia presupuestaria que golpea sus finanzas por el alto índice desempleo y la demora en las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez, que no terminan de llegar, aunque su paquete de estímulo de 200.000 millones de euros ya haya sido inyectado en varios tramos iniciales.

Hoy por hoy, en España las operaciones y transacciones concentradas en el sector del alquiler están paralizadas. Los vendedores y arrendadores se mantienen a la expectativa y los embarga una enorme incertidumbre sobre cómo la crisis afectará a la demanda. Y aunque los números aún no son oficiales, la demanda de alquiler podría verse reducida considerablemente por encima de un 10% ante la falta de seguridad sobre cuál será el nuevo esquema de precios que el sector impondrá y que el Gobierno le permitirá aplicar, pues los arrendadores quieren reponer dos meses de pérdidas y el Ejecutivo busca evitar una escalada de precios que incida en la inflación y en la estabilidad social de los españoles que no poseen una vivienda propia.

Esos son los efectos con los que el coronavirus ha golpeado al sector inmobiliario. La crisis escala a medida que el presupuesto fiscal del Gobierno solo da abasto para cubrir el gasto público orientado a los subsidios básicos y en los créditos para los pagos de alquileres, que, por cierto, aún están en standby.

La mayoría de expertos auguran una caída de precios de vivienda cuando vuelva la actividad, aunque también confían en un bache relativamente corto. La recesión podría llevar al sector a sufrir pérdidas superiores a los 5 millones de euros por zona residencial básica.

El nuevo escenario fuerza a improvisar nuevas estrategias a las empresas y también al Gobierno, que debía haber publicado en marzo el índice de precios de alquiler, la base para habilitar posteriormente alguna limitación en las rentas. Sin embargo, los precios de los alquileres aún son un terreno desconocido con el cual los ciudadanos y trabajadores promedio deben lidiar para ajustar sus mermados ingresos a una realidad de total incertidumbre.

La intención del Ejecutivo se mantiene, pero la reflexión en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (con las competencias estatales en Vivienda) es que no tiene sentido presentar la estadística ahora que la emergencia sanitaria ha cambiado la situación, puesto que esos precios podrían cambiar en la medida que el consumo baje o suba si llega a dar resultados económicos positivo el proceso de desconfinamiento que se prevé aplicar en España esta semana.  

“Estábamos trabajando en el sistema de índices de referencia, con más de dos millones de datos que nos daban una radiografía bastante exacta de lo que sucedía con los precios, para establecer las modificaciones legales a las que nos habíamos comprometido de aquí a verano”, explica David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda. “Ahora hay que esperar a que la situación se normalice”, acotó.

Lucas incide en que la medida “no se ha aplazado”. Pero el virus ya ha alterado el calendario marcado y se evita poner fecha a los siguientes pasos. Hasta ahora, los alquileres son un arma de doble filo, pues podrían repuntar si el consumo crece y el empleo se reactiva progresivamente, o también bajar si ocurre el escenario opuesto y la caída de la demanda en arrendamientos llega a un hipotético 20%. La crisis es de tal magnitud, que los españoles priorizan la alimentación y la salud por encima de un techo en alquiler, paradójicamente.

“Hasta que sepamos exactamente cómo está la situación no podremos actuar, pero seguimos con la misma vocación de conocer esas áreas tensionadas de precios para facultar a las comunidades autónomas a que las conozcan y las limiten”, indica el secretario general. @mundiario