El Gobierno subirá el SMI un 4,41% en 2025, hasta los 1.184 euros al mes

El Gobierno ha vuelto a situar el salario mínimo interprofesional (SMI) en el centro del debate político y económico con su decisión de elevarlo un 4,41% en 2025. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este miércoles la medida tras la última reunión con los agentes sociales, donde el respaldo sindical contrastó con la negativa de la patronal. Con esta subida, el SMI pasará de 1.134 a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, alcanzando un total de 16.576 euros anuales.

La determinación del Ejecutivo, que tiene la potestad exclusiva para fijar el salario mínimo, responde a su compromiso con la Carta Social Europea, que establece que el SMI debe representar al menos el 60% del salario medio. Para justificar la decisión, el Ministerio de Trabajo se ha apoyado en el informe de un comité de expertos, que planteaba un rango de incremento entre el 3,44% y el 4,41%. Finalmente, se optó por el extremo superior de la horquilla.

Díaz defendió la medida como un éxito del diálogo social, destacando la participación de la patronal en las negociaciones pese a su rechazo final. "Damos un paso adelante con una buena noticia para los trabajadores", afirmó la ministra, quien también anunció la creación de una mesa de diálogo en los próximos dos meses para tratar la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos y mejorar la aplicación del SMI.

Desde los sindicatos, la medida ha sido recibida con satisfacción moderada. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, resaltó la disposición sindical a ceder en algunas demandas en favor del acuerdo, mientras que Mari Cruz Vicente, de CC OO, insistió en la necesidad de evitar que la subida del SMI se absorba con complementos y de garantizar su aplicación efectiva en todos los sectores.

Medidas adicionales

El sector empresarial, por su parte, ha vuelto a quedar fuera del pacto. La CEOE y Cepyme habían propuesto un alza del 3%, hasta los 1.167 euros, y reclamaban medidas adicionales como bonificaciones para el sector agrario y revisiones en las contratas públicas. Ante la negativa del Gobierno a incluir estas condiciones, las patronales optaron por no respaldar el acuerdo, aunque fuentes oficiales han señalado que su actitud en las negociaciones fue más constructiva que en ocasiones anteriores.

Más allá del incremento salarial, uno de los puntos aún pendientes de resolución es la posible exención del SMI en la declaración de la renta. UGT ha advertido que presionará para que se mantenga esta exención fiscal, mientras que el Ministerio de Hacienda ha evitado pronunciarse al respecto. Díaz ha reiterado que su postura sigue siendo la misma de años anteriores, pero ha recordado que la decisión final no corresponde a su departamento.

La subida del SMI se aplicará de forma retroactiva desde enero, aunque su aprobación formal en el Consejo de Ministros está prevista para el 11 de febrero. Esto significa que los cerca de 2,5 millones de trabajadores afectados verán reflejada la actualización en su nómina de febrero. Con este incremento, el SMI ha aumentado un 60,91% desde 2018, cuando se situaba en 735,9 euros mensuales.

Este nuevo ajuste al salario mínimo sigue generando fricciones en el panorama político y económico. Mientras que los sindicatos insisten en la necesidad de seguir elevándolo para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, la patronal advierte sobre sus posibles efectos adversos en la contratación y la competitividad de ciertos sectores. En este contexto, el debate sobre el SMI sigue siendo un reflejo de las tensiones entre los distintos actores del diálogo social en España. @mundiario