El Gobierno refuerza el blindaje a las grandes empresas españolas del Ibex
La gran apuesta de la convulsa administración de Pedro Sánchez, fuera del terreno fiscal, es cuidar el mercado y garantizar la estabilidad de los flujos financieros que, en un futuro no tan lejano, podrían ser canalizados por el Gobierno para echar mano de los capitales externos una vez que el grifo de la liquidez se cierre, pues el paquete de 200.000 millones será distribuido como instrumento de crédito a los bancos y financiamiento sin contraprestación a la población civil.
Con todo su arsenal administrativo, el Ejecutivo ha ampliado el alcance de la norma que aprobó el pasado 17 de marzo para blindar a las grandes empresas españolas cotizadas en el índice accionario Ibex35, de la Bolsa de Valores de Madrid, o las que considera de sectores estratégicos frente a potenciales ofertas hostiles de compra de inversores extranjeros aprovechando la caída de las cotizaciones.
Pero, ¿cuál es la intención explícita, aunque el mandatario la mantenga implícita y casi camuflada, del gobierno de Sánchez? En Madrid no toleran que los grandes tenedores de bonos y capital españoles y extranjeros traten de aprovecharse de la crisis del mercado mundial por la recesión causada por el coronavirus, y busquen comprar las acciones de las grandes empresas del país a precios de gallina flaca. Y es que si una acción es cotizada y vendida por debajo de su valor de mercado, la compañía corre el riesgo de perder el rendimiento de sus dividendos y caer en bancarrota.
Por esa razón, el decreto aprobado ayer ofrece un blindaje adicional al prohibir no solo que ningún inversor extracomunitario pueda adquirir más de un 10% del capital de una empresa española, sino que extiende esa prohibición a los inversores que, aunque sean residentes en la UE o en países de la Asociación Europea de Libre Comercio (como Suiza o Reino Unido), estén controlados por inversores de fuera de esa región.
La intención, entonces, es una sola; evitar que los inversores adquieran el 10% o más de las acciones de cada empresa del Ibex 35 para venderlas al 2% o al 1% de su valor como precio de remate por la continua y volátil devaluación de las acciones en el mercado europeo debido a las constantes salidas de capital que desangran la economía europea ante la incertidumbre generada por pandemia.
El decreto que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) aclara que se entenderá que "existe esa titularidad real cuando los inversores extracomunitarios posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la sociedad radicada en la UE, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor que finalmente quisiera efectuar la toma de la participación en la empresa española". En todos estos casos, será precisa la autorización previa del Gobierno.
Esa norma implica que el dominio jurídico de la empresa estará en manos del o de los inversores que acumulen el 25% o más del capital total. Con esa condición es que podrían adquirir un 10% de las acciones de otras empresas del Ibex 35, aunque el Banco Central Europeo se mantiene muy atento a cualquier maniobra de los inversores que se base en comprar y vender las acciones de los grandes mercados europeos a un precio bajo con el fin de obtener capitales de resguardo dirigido al patrón dólar o al patrón oro por la recesión económica que planea sobre el Viejo Continente. @mundiario
