El Ejecutivo planea otorgar microcréditos a los inquilinos para afrontar la crisis

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Dos transeúntes pasan por una zona en alquiler en Madrid / as.com
La política que ahora aplica el Gobierno de Pedro Sánchez se basa en un financiamiento directo de las deudas en viviendas por la vía de los subsidios.
El Ejecutivo planea otorgar microcréditos a los inquilinos para afrontar la crisis

El Gobierno se las juega todas. Ante la voracidad de una pandemia que amenaza con socavar las bases de una sociedad y un sistema diseñado para el sector privado y la dinámica circulación de capitales generados desde la población con un menor flujo de inyección desde el Estado, ahora los papeles se invierten y el Estaddo español debe recurrir a una política de subsidios que evite un colapso socioeconómico que no se veía desde la recesión de 2010 provocada por la crisis financiera mundial de 2008 y antecesora de la crisis del euro en 2014. 

Y es que el Consejo de Ministros debatirá este martes qué hacer con los alquileres ante la crisis creada por la Covid-19. Este asunto ha acentuado las fricciones en el Gobierno de coalición hasta el punto en que lo consensos ya valen, al menos por ahora, en el bloque de poder de las izquierdas, pues los alquileres comprometen las frágiles finanzas y presupuestos de la mayoría de los ciudadanos españoles. 

La propuesta que llevará el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que es el que tiene las competencias estatales en materia de vivienda) incluye una paralización de los desahucios durante seis meses. De esta forma, la población no se verá expuesta a la calamidad de perder sus techos por incurrir en impagos de rentas o de hipotecas. 

Ese es el mismo periodo por el que se prorrogarán automáticamente todos los contratos de alquiler cuyo vencimiento se produzca durante el periodo de estado de alarma, que se declaró el pasado 14 de marzo y tiene una duración provisional hasta el próximo 11 de abril, según la información a la que ha tenido acceso El País.

La política que ahora aplica el Gobierno de Pedro Sánchez se basa en un financiamiento directo de las deudas en viviendas por la vía de los subsidios, un mecanismo que podría saturar aun más el abultado déficit fiscal de España, pero que en estos tiempos de contingencia resulta imperativo por la emergencia social que ha causado la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus. 

A pesar de la polarización administrativa y procedimental que existe en el Ejecutivo, controlado por PSOE y Podemos, el consenso que se ha alcanzado implicaría dar un plazo inicial de seis años a los inquilinos para devolver los préstamos, al término de los cuales, si no han sido capaces de pagarlos, se añadirían otros cuatro años.

Esto quiere decir que si los arrendatarios no pueden saldar sus deudas pendientes, el Estado les concederá una prórroga en términos flexibles con quitas de hasta el 50% de las deudas para aliviar la carga socioeconómica, aunque eso implique otra pesada carga fiscal para el Gobierno. 

Además, habrá ayudas directas del Estado para saldar esa deuda en el caso de aquellos hogares más vulnerables. Se trata de un subsidio inyectado a través de la liquidez emitida por el BCE y suministrada al Banco de España, aunado al paquete de 200.000 millones de euros aprobado por Sánchez, para evitar una crisis social que se vuelva incontrolable. 

El importe máximo de las ayudas será de 900 euros al mes para cubrir el principal del préstamo con los intereses. A estos se añadirán otros 200 euros como máximo para gastos de comunidad, mantenimiento del inmueble o suministros básicos. @mundiario

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