Por qué el Gobierno prorroga el retraso de los desahucios y alquileres hasta el 30 de septiembre
Las familias vulnerables son el objetivo de las nuevas políticas públicas que el Gobierno decide implementar para impedir un colapso socioeconómico en España. Es por ello que el Ejecutivo va a prorrogar hasta el 30 de septiembre varias de las medidas que aprobó para amortiguar el impacto social desencadenado por la crisis del coronavirus y el estado de retracción, confinamiento, aislamiento e inmovilidad en detrimento del desarrollo humano y civil en la población española.
La vivienda es, sin duda, el talón de Aquiles de las capas sociales más debilitadas y desgastadas por el shock de esta crisis global. Y es que en la agenda del Consejo de Ministros del gabinete de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ya figura la medida de extensión de los contratos de alquileres de vivienda habitual durante seis meses.
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Es decir, los españoles con menos recursos para pagar el arriendo mensual de su techo, tendrán seis meses más de plazo para habitar esas habitaciones o departamentos con una exoneración del 100%, que el Gobierno no detalló si sería subsidiada o cubierta con los fondos públicos para compensarles esos pagos a los arrendatarios.
Asimismo, hasta el 30 de septiembre se prorrogará la moratoria hipotecaria y la del pago de alguileres a grandes tenedores de vivienda o empresas públicas. Las familias y los dueños de negocios no tendrán la obligación de pagar sus arriendos hasta dentro de dos meses más.
Esta medida les brinda un mayor margen de acción para reponer sus flujos de caja y sus presupuestos, en el caso de las empresas, y así saldar esas deudas pendientes y acumuladas por la falta de ingresos ante la caída de la demanda por el confinamiento derivado de la pandemia. En el caso de las familias, supone un tiempo prudencial que les permitirá conseguir un nuevo empleo o ser reincorporados en el que ya tenían, pero del que fueron suspendidos por la magnitud de la crisis sanitaria.
Además, según fuentes del Gobierno, se garantizarán los suministros básicos como luz, agua y gas durante este período, reseñó El País.
Al ver que la capital española se convertía en el epicentro de un foco de crisis socioeconómica emergente con la aparición de las llamadas ‘colas del hambre’, el Gobierno optó por romper el vidrio de seguridad y sacar el extintor para mitigar las llamas de un incendio que ya comenzaba a escapársele de las manos, aunque todavía no lo tenga del todo controlado. Por esa razón es que la administración socialista ha lanzado este programa de exención como la base de lo que llama “escudo social”, un conjunto de medidas destinadas a darles tiempo a los españoles para que logren reacomodarse económica y financieramente mientras el Gobierno corre con la presión fiscal de subsidiar salarios, retrasar los pagos de alquileres y ralentizar los períodos de las hipotecas, todo esto con el objetivo de que la crisis no recrudezca y la población no entre en una fase de mengua socioeconómica.
Tanto los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) como las moratorias los alquileres y las hipotecas, tendrán vigencia hasta el último día de septiembre. Sin embargo, el efecto colateral de esta medida pasa por el impacto que inevitablemente puede tener sobre el sector bancario, en el caso de las hipotecas, y en el de la vivienda, pues esos mercados se verán contraídos en la medida que durante ese lapso más y más españoles se sumen al plazo de exoneración.
De esta forma, el Gobierno intenta ganar tiempo para contrarrestar los efectos dañinos de una crisis que ha retrotraído a España al período económico más primitivo de su historia desde los albores de la Segunda Guerra Mundial y la dictadura de Franco. @mundiario
