El Gobierno pretende imponer impuestos a la nicotina de los vapeadores
El Gobierno encara un reto de última hora en su intento por sacar adelante el paquete de enmiendas de la reforma fiscal que pretende aprobar en el Congreso este miércoles. La propuesta, que incluye un tipo mínimo global del 15% para multinacionales, llega en un momento en que las presiones de sus propios socios de investidura, como el PNV y Junts, dificultan las negociaciones. Ambos partidos cuestionan varios de los puntos de la reforma, que plantea nuevos tributos para ciertos sectores, como la banca, las energéticas y el vapeo, y una posible subida de impuestos a los hidrocarburos, medida que no cuenta con el apoyo de los nacionalistas vascos ni catalanes.
Entre las enmiendas más polémicas se encuentra la propuesta de gravar los cigarrillos electrónicos, que actualmente sólo tributan por IVA, equiparándolos con el tabaco mediante un impuesto de 0,15 euros por mililitro de nicotina. Esta medida se alinea con el promedio de la UE, y si bien recibió respaldo del Ministerio de Sanidad, su viabilidad en el Congreso es incierta. Al mismo tiempo, la enmienda busca aumentar la recaudación fiscal de las empresas mediante ajustes en el impuesto de sociedades y limitar las deducciones de bases negativas, tras el fallo del Tribunal Constitucional que las invalidó.
La subida de hidrocarburos, una de las propuestas del Gobierno para cumplir con los objetivos de reforma fiscal europeos, también enfrenta serios obstáculos. En 2020, el PNV se opuso a igualar la tributación del diésel y la gasolina, y todo apunta a que mantendrá esta postura. Junts, por su parte, ha dejado entrever que tampoco apoyará esta equiparación en el caso del gasóleo, lo que pone en jaque la aprobación del paquete fiscal sin su respaldo.
El libro blanco de expertos en fiscalidad, que inspiró buena parte de las reformas ahora propuestas, sugería desde 2022 una fiscalidad verde, y que los nuevos impuestos se destinaran a cubrir el déficit ambiental y a incentivar un consumo responsable. Sin embargo, medidas como el impuesto energético han generado tensiones con el PNV, que ha acordado con el Ejecutivo la posibilidad de recaudación autónoma para las empresas en el País Vasco, lo que podría permitir bonificaciones en su territorio. Junts, al no poder aplicar algo similar en Cataluña, es reticente a apoyar un tributo de este tipo.
Extender la equidad fiscal
Sumar, socio de la coalición, ha presionado también para incluir un mínimo de tributación en el impuesto de sucesiones y donaciones, buscando extender la equidad fiscal. Mientras tanto, Junts aboga por reducir el tipo de sociedades y elevar el mínimo exento en patrimonio para minimizar la carga fiscal. Estas demandas, unidas a las de otros socios, han convertido las negociaciones en un tablero complejo en el que el Gobierno trata de equilibrar intereses sin comprometer los objetivos de recaudación.
La discusión se torna aún más tensa en el ámbito energético. Las petroleras, lideradas por Repsol, han advertido de que nuevos impuestos a la energía podrían afectar sus inversiones en España. Tanto PNV como Junts temen que la carga impositiva recaiga especialmente sobre sus comunidades, con empresas como Petronor en Vizcaya y el polo químico de Tarragona, lo que podría dañar la economía local y reducir la inversión.
La propuesta de reforma fiscal, que inicialmente pretendía captar 4.500 millones de euros, tiene como objetivo aplacar las exigencias de Bruselas para el ajuste presupuestario de 2025 y cumplir con los requisitos del quinto pago de los fondos europeos, valorado en 6.500 millones. Sin embargo, la negativa de varios socios de la coalición pone en riesgo la viabilidad de un paquete que el Ejecutivo había planeado como su gran baza para garantizar una mayor recaudación sin elevar en exceso la presión fiscal sobre la ciudadanía.
Con las enmiendas pendientes de ser debatidas, el tiempo corre en contra del Gobierno. A pocas horas de la votación final, los vetos cruzados y las negociaciones paralelas amenazan con echar por tierra una reforma que, en palabras de varios miembros del Ejecutivo, se había diseñado para obtener el mayor número de plumas del ganso con el menor número de graznidos. @mundiario