El Gobierno prepara un fondo de 600 millones para el consumo energético del sector industrial
Si la pandemia paralizó la economía española, se debió al efecto expansivo de la paralización de la industria en la fuerza de trabajo y la fluidez del mercado laboral ligado a ese sector. Pero antes de la crisis económica generada por el confinamiento y la retracción de la fuerza de trabajo derivadas de la pandemia de coronavirus, tiene un antecedente que ha mermado la capacidad operativa y logística de las grandes líneas de producción en España.
El impacto de las tarifas eléctricas en el flujo de caja del conglomerado industrial nacional es innegable. La demanda se ha elevado exponencialmente a lo largo de los últimos 10 años y eso se traduce en más inversiones a largo plazo que el sector debe ejecutar para mantenerse a flote, sobre todo en medio de la actual crisis económica mundial. Es indispensable para las compañías cuya actividad depende de la energía y de sus costes.
El actual Gobierno lleva tiempo trabajando en el proyecto de decreto ley que lo desarrolla, que prevé aprobar en unas semanas. Pero antes, mañana martes, el Consejo de Ministros aprobará un paso previo necesario para desarrollarlo, que es el fondo de reserva de garantía con el que prevé asegurar contratos con generadores de energías verdes por un importe de 600 millones de euros en un período de tres años.
Esto implica que el Ejecutivo podría alcanzar un acuerdo histórico con la red nacional de las potencias generadoras de energía, como, por ejemplo; Iberdrola, a fin de mantener activo y estable el complejo proceso de suministro de energía a las empresas del país.
Así lo anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, que consideró esa medida como una de las “prioridades” que representan para el Gobierno el “mejorar la competitividad de la industria electrointensiva”, que lleva años denunciando cómo los altos costes energéticos que sufre en España lastran su competitividad.
Efectivamente, los elevados costos e inversiones que las empresas españolas de diversos rubros deben ejecutar para mantenerse solventes con el servicio eléctrico industrial, le ha restado margen financiero al país para ser exportador de energía más importante de la Unión Europea, pese a que España es la cuarta economía del bloque.
La intención es que el Cesce (Compañía de Seguros de Crédito para la Exportación) cubra la incertidumbre de los contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (denominados PPA) de forma que los productores de energía vean cubiertos los riesgos por impago por parte de sus clientes, según se esboza en el diseño administrativo del Gobierno sobre este ambicioso plan.
Por lo tanto, el Estado podría inyectar liquidez de cobertura a las compañías energética para evitar que se produzca un colapso financiero en el sector debido a la insolvencia de las industrias que más se han visto afectadas por el impacto económico de la pandemia.
El Ejecutivo ha dejado entrever con sus declaraciones ministeriales que la intención es maximizar el uso de electricidad verde y, a la vez, permitir una reducción de su precio, que es lo que, precisamente, demandan las compañías, aquejadas por el alto diferencial de precios respecto a otros países como Francia y Alemania.
La rentabilidad de producción a gran escala para la industria española sería optimizada en la medida que el plan contemple un conjunto de incentivos crediticios como respaldo al financiamiento de energía accesible y asequible por parte de las potencias generadoras de electricidad en un país donde ese recurso es muy costoso en comparación con la media europea y de los dos motores industriales de la UE, que son Alemania y Francia. @mundiario
