El Gobierno ofrece a los empleados públicos una subida salarial del 10%
El Gobierno ha puesto sobre la mesa una de las ofertas salariales más ambiciosas de los últimos años para los empleados públicos. La propuesta presentada este miércoles a sindicatos como CC OO, UGT y CSIF contempla un aumento acumulado del 10% entre 2025 y 2028, con pagos retroactivos que afectarían de inmediato a las nóminas de este ejercicio. Aunque a simple vista se trata de un avance, la reacción de los sindicatos apunta a que la pugna por la recuperación del poder adquisitivo todavía está lejos de resolverse.
Con la inflación todavía presente en el horizonte económico, la propuesta de subida limitada al 4% en los dos primeros años podría no ser suficiente para contrarrestar el aumento previsto del coste de la vida. El Banco de España estima una inflación del 2,5% en 2025 y del 1,7% en 2026, lo que podría implicar que los empleados públicos experimenten una pérdida de poder adquisitivo en este periodo, a pesar del incremento nominal de sus salarios. Sin embargo, la compensación llegaría en 2027 y 2028, cuando la subida acumulada alcanzaría aproximadamente el 6%, equilibrando parcialmente la balanza.
Para el ministro de Función Pública, Óscar López, la oferta busca garantizar que los empleados públicos “no pierdan poder adquisitivo” y refleja el compromiso del Gobierno con la modernización y estabilidad del sector. Pero no todos los actores aceptan esta visión. CSIF, uno de los sindicatos más críticos, ya ha rechazado la primera propuesta, argumentando que el margen para mejorar los salarios existe debido al aumento de la recaudación y al alza del techo de gasto.
La negociación va más allá del salario
El encuentro de este miércoles, el tercero de una nueva ronda de negociaciones, no solo abordó las cifras salariales, sino también cambios estructurales en el empleo público. Según señala EL PAÍS, entre las medidas sobre la mesa destacan la reforma de las ofertas de empleo, la eliminación progresiva de la tasa de reposición que limita las vacantes a jubilaciones, y la promoción de la estabilidad laboral en un sector donde uno de cada tres empleados tiene un contrato eventual.
Además, los sindicatos buscan que los procesos de acceso al empleo público se orienten a evaluar capacidades más allá de la memorización, fomentando carreras profesionales internas con ofertas de promoción diferenciadas y específicas. Estos cambios, en conjunto con la subida salarial, podrían redefinir la administración pública del siglo XXI y acercarla a modelos más flexibles, eficientes y adaptados al talento.
La herencia de acuerdos anteriores
El antecedente más cercano lo marca el Acuerdo Marco de 2022-2024, que estableció incrementos salariales acumulados de hasta el 9,5%, pagos retroactivos y cláusulas de revisión vinculadas al IPC y al PIB. Aquel acuerdo también introdujo mejoras en jornada laboral, clasificación profesional, jubilación parcial, estabilización de empleo, teletrabajo y digitalización. La nueva oferta pretende seguir esa senda, aunque con ajustes y límites que algunos sindicatos consideran insuficientes.
El contexto económico y político refuerza la presión sobre el Ejecutivo: los empleados públicos representan 3,5 millones de trabajadores esenciales en España, cuya remuneración y motivación impactan directamente en servicios básicos, desde educación y sanidad hasta seguridad y administración local. La tensión entre las limitaciones presupuestarias y la necesidad de recuperar poder adquisitivo marcará las próximas jornadas de negociación.
Con la respuesta de los sindicatos programada para este jueves, el Gobierno y los representantes de los empleados públicos afrontan un pulso crucial que podría definir no solo el futuro salarial de millones de trabajadores, sino también la percepción social sobre la capacidad del Estado para reconocer y proteger a su propio personal frente a la inflación y los desafíos de la modernización administrativa. @mundiario