El Gobierno exige una mayor transparencia a los bancos con las tarjetas de pago aplazado

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Clientes consultando en sus saldos bancarios en los cajeros automáticos de los principales bancos de España / publico.es
Según indicó el Gobierno, esta nueva norma refuerza la protección de los usuarios de estos créditos, habitualmente asociados a tarjetas, que se caracterizan por su duración indefinida.
El Gobierno exige una mayor transparencia a los bancos con las tarjetas de pago aplazado

A pesar de que la economía y toda la estructura capitalista que mueve y controla los flujos de dinero en España se encuentran distorsionados por la pandemia de coronavirus, el Ejecutivo no pierde de vista su fiscalización sobre uno de los sectores que más financiamiento ha recibido por parte de este como líneas de rescate ante la caída del consumo y el derrumbe de los créditos.

Y es que el Gobierno anunció que a partir de ahora las entidades bancarias están obligadas a mejorar la información que ofrecen a sus clientes sobre los créditos y tarjetas "revolving" o de pago aplazado, un producto que el propio Tribunal Supremo ha puesto en duda por los altos intereses aplicados.


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Esto implica que el sector bancario privado debe rendir cuentas y someterse a un sistema de escrutinio ante el Gobierno sobre la administración y contabilidad de los capitales que ingresan y egresan de sus balances financieros en torno a las tarjetas de crédito que les permiten a los clientes pagar intereses y montos netos en un tiempo muy posterior a la adquisición de ese útil instrumento, que podría convertirse en un arma de doble filo y en un caldo de cultivo para las sobrefacturaciones, comisiones ilícitas y manejos corruptos de los fondos en los bancos si el Estado español no pone la lupa con fuerza sobre esta situación.

Según indicó el Gobierno, esta nueva norma refuerza la protección de los usuarios de estos créditos, habitualmente asociados a tarjetas, que se caracterizan por su duración indefinida, renovación automática y por el abono de una cuota fija periódica por parte del cliente.

En la medida que se mantenga y se optimice este mecanismo de auditoría, no se dará un enriquecimiento ilícito por parte de los bancos, que ya han recibido más de 20.000 millones de euros en avales públicos, es decir, créditos respaldados por el Gobierno para mitigar el impacto de la caída del consumo en sus dividendos, sus operaciones y su liquidez por el shock económico de la pandemia de coronavirus. @mundiario

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