El Gobierno estima que más de 200.000 personas podrán cobrar el ingreso mínimo vital
Luego de semanas de intenso debate en La Moncloa y bajo el escenario no descartado de que una medida de esa naturaleza generaría un enorme peso fiscal para el Estado, los tabúes han sido desechados y la política del subsidio ha vuelto a entrar en la agenda pública como un paliativo eficaz que servirá para ganar tiempo y financiar artificialmente a la población, así como también reanimar artificialmente el consumo con el objetivo de mantenerlo a raya y estable antes de que se cree una espiral de pobreza socioeconómica a largo plazo. El Gobierno así lo ha entendido con el establecimiento del ingreso mínimo vital.
Y es que, sin más preámbulos, el Ejecutivo confía en activar rápidamente su medida estrella para luchar contra la pobreza. Se trata casi de una suerte de prebenda electoralista con la que Pedro Sánchez podría intentar frenar o contener el malestar social que no cesa. Por ello, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó que espera que más de 200.000 personas puedan cobrar ya este mes de junio el Ingreso Mínimo Vital.
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Esa es la prestación que el Ejecutivo aprobó la semana pasada para limar las desigualdades que con el estallido de la pandemia se han hecho aún más intensas. La intención es proveerle a la población un soporte socioeconómico mediante el cual resistan el impacto de una recesión que se expande desde lo más alto de la pirámide de los flujos de capitales hasta los fondos que circulan en el segmento social de la economía y se refleja en los salario de los trabajadores.
“Creo que vamos a llegar relativamente rápido. Espero que en este mes de junio podamos ya beneficiar a unas 200.000 personas inmediatamente, incluso más”, ha dicho el ministro este miércoles durante un encuentro virtual organizado por EsadePol.
La prestación se podrá solicitar a partir del próximo 15 de junio, pero el Gobierno reconocerá de oficio la ayuda a las familias que ya tenga detectadas en cuanto beneficiarias de otras prestaciones, unos 100.000 hogares. Además, habrá prioridad sobre las familias que perciban ingresos mensuales inferiores a los 2.000 euros debido al ligero incremento de la inflación y del costo de la vida ante la caída de la rentabilidad de los comercios, supermercados, empresas y proveedores de bienes esenciales de consumo masivo. A quienes presenten su demanda durante los primeros tres meses se le reconocerá la ayuda con carácter retroactivo a partir del 1 de junio.
Según ha detallado Escrivá este miércoles, el simulador web que el sistema de Seguridad Social ha puesto a disposición para conocer si se cumplen los requisitos para acceder a la prestación recibió casi millón de visitas tan solo en las primeras 24 horas desde su puesta en marcha, el pasado 1 de junio, lo que demuestra el innegable impacto de la crisis en un segmento de la población que se ha quedado sin ingresos y ha sido excluido de la dinámica económica nacional por la contracción de las empresas, de la fuerza laboral y de los flujos de capital que se generan dentro del país.
De acuerdo con los cálculos del Gobierno, hay unos 850.000 hogares (unos 2,3 millones de personas) potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que supondrá para las arcas del Estado un coste de unos 3.000 millones de euros al año, es decir, se sumarían al déficit fiscal del -3% que pesa sobre el PIB nacional.
La medida, que tiene vocación estructural y será gestionada por Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) ―salvo en Navarra y País Vasco—, ya estaba contemplada en los planes del Ejecutivo de coalición, pero su diseño y activación se hizo más urgente con el estallido de la crisis sanitaria y el parón de la actividad económica.
España cuenta con una tasa de pobreza extrema más elevada que la media de la UE, un 12,4% frente al 6,9%, y en más de 120.000 hogares sin ingreso alguno viven niños. Por lo tanto, la imperiosa necesidad de crear un clima social mucho más estable, aunque no sea políticamente sostenible a largo plazo, es la principal estrategia del Gobierno español para evitar un desgaste socioeconómico que ponga en riesgo la gobernabilidad en el país en medio de una crisis sanitaria que no ha terminado y una aguda recesión que apenas comienza. @mundiario
