El Gobierno espera recuperar unos 1.000 millones de las grandes empresas

Hacienda alista el proceso para recuperar las ayudas fiscales por el fondo de comercio que Bruselas consideró ilegales, de acuerdo al Plan de Estabilidad 2017-2020 que ha enfilado el Gobierno y ha remitido a la Comisión Europea. Según presenta El País, citando a sus fuentes en el ministerio en cuestión, los de Cristóbal Montoro podrían recuperar cuando menos unos 1.000 millones de los beneficios fiscales concedidos desde 2002 a casi 100 grandes empresas españolas que compraron sociedades extranjeras. La oficina estima que las multinacionales afectadas deberán reducir sus bases imponibles negativas en no menos de 5.000 millones.

El régimen fiscal español de 2002 otorgaba beneficios fiscales a las corporaciones españolas por la adquisición de participaciones en sociedades extranjeras de cuando menos un 5%. Este régimen era considerado ilegal por la Comisión Europea. El 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a la comisión.

Esta norma, impulsada por la Administración de José María Aznar, fue creada con la intención de promover incentivos para la internacionalización de las empresas pues permitía una deducción del fondo de comercio durante dos décadas. De las mismas deducciones del fondo de comercio (es decir, la diferencia entre el valor en libros de cualquier compañía contra su valor real en el mercado) sacaron tajada Telefónica cuando adquirió O2, el Santander cuando compró el Abbey británico, Iberdrola al momento de adquirir Scottish Power, y otras tantas compañías. En total, casi 100 firmas españolas, la mayoría integrantes del catálogo bursátil del Ibex35, dentro de las que destacan también Sacyr o Abertis, así como Cintra o Autogrill, acudieron a estas deducciones para poder expandir sus actividades en el exterior. Bruselas alegó que esas deducciones fueron ayudas deliberadas otorgadas por el Estado.

En Bruselas, muchos estiman que tras el fallo de diciembre pasado, España tomó medidas para el resarcimiento del Goodwill III, nombre con el que se bautiza a las ayudas fiscales que dan luz a la amortización fiscal del fondo de comercio generado por la compra de firmas extranjeras mediante sociedades interpuestas, y se mantienen en comunicación con la comisión para recuperar al completo las otras dos carpetas de esta materia, asegura el periodista Jesús González. González cita a otras fuentes para aclarar que el mercado ha aceptado que ha recibido unas cuantas notificaciones de parte de la Agencia Tributaria informando del proceso de recuperación de las ayudas.

Si bien esta batalla judicial sigue en curso, luego de que se diera a conocer la sentencia de diciembre la Comisión exigió a España que iniciase el proceso para devolver de forma inmedianta estas ayudas. Madrid replicó en su Programa de Estabilidad. "España procederá a recobrar las ayudas a través del nuevo procedimiento de recuperación aprobado en la última reforma de la Ley General Tributaria, de 2015". De igual forma, aclara que "ya ha relacionado las entidades que serán objeto de las actuaciones".

En Hacienda se sienten listos para empezar a recuperar estas deducciones. El ministerio calcula que podrá recobrar unos 1.000 millones de euros, aunque la suma se queda muy lejos de los 8.000 millones que demandaba Bruselas.

La oficina de Montoro agrega que las compañías perjudicadas deberán bajar sus bases imponibles negativas en 5.000 millones aproximadamente y rebajar deducciones que superen los 60 millones. De igual forma, explica que la minoración de bases imponibles negativas y de deducciones representará un aumento de los ingresos futuros, aunque reconoce que es complicado ponerle una cantidad.

El Ejecutivo también detalla en su plan que no tiene a día de hoy "ningún ingreso por esta actuación" y que este emprendimiento dará "un margen de maniobra positivo para garantizar el cumplimiento" del déficit. En otras palabras, en caso de desviación se subirá el ritmo a esta procedimiento. La Agencia Tributaria está a cargo de realizarlo. Y lo hace ya de oficio gracias a una notificación a la empresa que detalla la propuesta de liquidación. La sociedad, entonces, tendrá 10 días para enfilar sus alegaciones.

Mientras el Gobierno arranca este proceso, las voces más escépticas suben el tono ante la sospecha de si estas desgravaciones se pueden considerar realmente como ayudas del Estado. El País cita como ejemplo a Miguel Muñoz, socio de EY Abogados. En un informe, Muñoz aclara que "para tener una resolución definitiva sobre la existencia de ayuda de Estado habrá que esperar a que el Tribunal General de la UE ( encargado de los asuntos de la Comisión de Competencia) dicte su nueva sentencia, la cual será susceptible de recurso ante el TJUE. De esta forma, es más que probable que la resolución definitiva de este expediente deba esperar aún varios años".

En el sector privado, entretanto, no son tan optimistas como Hacienda. Representantes de este sector avisan de que recuperar esas cantidades será casi imposible pues las empresas han sufrido serias pérdidas a partir de la crisis, por lo que de cualquier forma no han podido aprovechar las ayudas del fondo de comercio.