El Gobierno asume decisiones de la Abogacía del Estado, como si fuesen sentencias, cuando no lo son
La abogada del Estado Consuelo Castro Rey, ourensana, fue la primera mujer electa en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Ahora es la Abogada General del Estado, nombrada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Si bien es una alta funcionaria, políticamente pasa inadvertida, pero su rol público podría estar cambiando.
Entre otras misiones complejas, Consuelo Castro Rey tuvo la de defender a José Luis López Sors, exdirector general de Marina Mercante en el caso del Prestige, el único alto cargo de la Administración española implicado en el procedimiento por la catástrofe medioambiental del petrolero y que finalmente resultó absuelto. Pero a este paso su papel más relevante no estará en sede judicial. Como abogada general del Estado –directora del Servicio Jurídico del Estado– se le atribuye una de las decisiones más controvertidas de las adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez: no actualizar el importe de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, lo cual para Galicia supone 700 millones de euros en números redondos.
El Gobierno de Pedro Sánchez toma decisiones políticas dictadas por la Abogacía del Estado, como si fuesen sentencias, cuando no lo son. El rango de la Abogada General del Estado es el de subsecretaria y su misión principal es estar al servicio de la Administración pública para velar por la defensa del interés general, bajo las órdenes del Gobierno. El artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina sus funciones: asesorar al Estado y representarle legalmente.
A las comunidades autónomas –sean del PP o del PSOE– les cuesta creer que todo un Gobierno, aunque sea en funciones, se refugie en un informe de la Abogada del Estado para no liquidar las entregas a cuenta de la financiación autonómica. De hecho, la asesoría jurídica de la Xunta concluyó que el Gobierno central debe cumplir el sistema de financiación autonómica aunque esté en funciones.
La reacción no se hizo esperar. “El Gobierno de la Xunta desoye el informe de la Abogacía del Estado”, replicó el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que de esta manera le concede a Consuelo Castro Rey y a su informe de 13 páginas un papel preponderante en la política española. El representante de Pedro Sánchez en esta comunidad cree también que el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo no acepta la situación que dificulta las entregas a cuenta a las comunidades autónomas por la limitación de acción de los gobiernos en funciones, "cuestión que sí entendió y aceptó cuando estaba Rajoy" al frente del Gobierno de España.
El problema ya no se reduce ahora a si es ilegal o no desbloquear unos fondos autonómicos que ascienden a 5.000 millones de euros (7.500 millones si se les suma un ajuste contable en el IVA de 2.500 millones). También es de futuro, ya que están en el aire los presupuestos de las comunidades autónomas para 2020, al desconocerse los ingresos, una vez que Hacienda no informa de los recursos que podrán manejar. Es un ejemplo más de la importancia que tiene que haya Gobierno.
Lo normal es que en el mes de julio de cada año, Hacienda comunique a las comunidades autónomas los recursos que recibirán en función de su participación en los ingresos del Estado. Solo se salvan las autonomías con sistemas de cupo –País Vasco y Navarra–, ya que son ellas las que recaudan y después liquidan con el Gobierno central. @J_L_Gomez
¿De dónde salen los 700 millones que reclama la Xunta?
La política española parece haberse olvidado de que el Estado es autonómico y de que un bloqueo del Gobierno central condiciona a las demás administraciones, que son las prestadoras de los dos principales servicios públicos: la sanidad y la educación. Las comunidades autónomas manejan sus tributos propios y –lo que es mucho más importante– el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. La falta de previsión en las liquidaciones y en los nuevos presupuestos es absoluta.
Veamos un caso concreto. ¿De dónde salen los 700 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le debe a la Xunta de Galicia, según los cálculos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo? Unos 330 millones corresponden a la actualización de las entregas a cuenta, otros 200 millones a la mensualidad del IVA del año 2017 y 170 millones más a los incentivos que le corresponden al Gobierno de Galicia por haber cumplido las exigencias de déficit, regulados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. @mundiario
––––––––– PROTAGONISTAS –––––––––
> Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.- La Administración central ha dejado de transferir a las comunidades autónomas el dinero a cuenta del año 2019 al considerar que su situación de interinidad no se lo permite legalmente. Ante esta situación, el presidente se coloca de perfil.
> María Jesús Montero, ministra de Hacienda.- Sigue estudiando “diversas fórmulas” para ver cómo podría saldar las cuentas de la Administración central con las comunidades autónomas, pero no hay una solución definitiva. Sobre la mesa está una emisión de nueva deuda pública.
> Albert Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.- “El bloqueo de la deuda es político y solo busca estrangular a las haciendas autonómicas”, dijo esta semana, al elevar su tono crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que le reprocha que “si lo puede solucionar, ¿por qué no lo hizo antes?”.
> Javier Losada, delegado del Gobierno.- Afea a la Xunta que le exija al Gobierno de Pedro Sánchez lo que no le reclamó al ejecutivo de Mariano Rajoy. En su opinión, Feijóo no acepta la situación que dificulta las entregas a cuenta por la limitación de acción del Gobierno en funciones.
