El Gobierno aprueba crear un registro oficial de ‘lobbies’ y limitar las puertas giratorias
María Jesús Montero considera que esta normativa “es un paso adelante en materia de transparencia y buen gobierno, equiparándose con las democracias más avanzadas”.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los grupos de Interés, con el que se limita y endurece la legislación de las llamadas ‘puertas giratorias’, y además se establece que los altos cargos que abandonen la Administración no pueden pasar al sector privado a realizar actividades profesionales “de influencia” relacionadas con su puesto anterior durante, al menos, dos años tras su marcha.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, declaró en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que, “con esta nueva normativa España cubre una carencia que tenía nuestro ordenamiento a la hora de transparentar las actividades legítimas de estos grupos de interés”.
Asimismo, explicó que los ‘lobbies’ deberán formar parte de un registro oficial que será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), el cual estará disponible en el Portal del Estado y en la página web de la OCI. En este sentido, el anteproyecto de ley establece que todo aquel que quiera celebrar reuniones con aquellos miembros de la Administración del Estado contemplados en el anteproyecto deberá estar registrado para ello.
El incumplimiento de la normativa
La ley sostiene que los altos cargos que hayan participado en toma de decisiones estarán “obligados” a no realizar durante dos años “actividades profesionales de influencia sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que se desempeñaban”.
Ante esta situación, el Gobierno advierte de que el incumplimiento de esta normativa “con intentos de influencia basados en engaños, con ofrecimientos de dádivas, incitaciones al personal público a incumplir la ley” o con datos falsos, provocará una sanción que consiste en la cancelación de la inscripción como Grupo de Interés o la prohibición por hasta tres años de volver a inscribirse.
Asimismo, Montero ha detallado que la apuesta por una norma de este tipo va a situar a España en términos de transparencia y confianza en las instituciones públicas al nivel de países como Alemania, Reino Unidos, Francia o Italia. Además, ha especificado que la nueva normativa solo afecta a los altos cargos y funcionarios que participan en el diseño de las leyes. @mundiario