El Gobierno afina los detalles de los créditos para alquileres y establece condiciones

Aviso de alquiler. / Mundiario
Una oferta de alquiler en Madrid / Diario AS.
La medida se dirige a todos los inquilinos cuyos contratos estén sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es la norma que rige todos los alquileres de largo plazo.
El Gobierno afina los detalles de los créditos para alquileres y establece condiciones

En España hace falta ahora más créditos que nunca. La imperiosa necesidad de financiamiento a la población es la norma y no la alternativa ante una realidad donde, en medio de una parálisis de la actividad económica, la vida debe seguir su curso, pero eso tiene un costo que una buena parte de los españoles no pueden cubrir. Y es ahí donde entra en juego el Gobierno.

Tras semanas de promesas y demagogia, la administración de Pedro Sánchez finalmente ha aceptado y concretado los detalles de un plan de financiación dirigida a los ciudadanos pagadores de alquileres, quienes, en vista de la actual crisis sanitaria y laboral, no pueden trabajar ni generar ingresos propios para cancelar sus deudas con los arrendatarios.

Es por ello que el Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes la regulación de los créditos para inquilinos afectados por la crisis del coronavirus. Se trata de una medida con la que el Ejecutivo inyectará liquidez para proveer un marco de estabilidad socioeconómica a la población que depende de un alquiler para llevar cierto nivel de vida al no poder acceder a una casa o apartamento propio.

Además, la principal novedad de la orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es que amplía hasta cinco veces el IPREM (una cantidad equivalente a 2.689,2 euros) los ingresos que como máximo pueden percibir los hogares que se acojan a esos préstamos. Esto implica que solo las familias que perciban esos ingresos podrán acceder a los créditos que el Estado garantiza de tal forma que se mantengan los niveles de solvencia necesarios para evitar que esa nueva política de financiamiento social se convierta en una burbuja de deuda a largo plazo.  

Estos préstamos para alquiler se solicitarán en los bancos, previsiblemente la semana que viene, y cubrirán un máximo de 5.400 euros (el equivalente a seis meses con un tope de 900 euros por mensualidad). También serán compatibles con otras ayudas.

La medida se dirige a todos los inquilinos cuyos contratos estén sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es la norma que rige todos los alquileres de largo plazo (un año o más), y que se encuentren en una situación de vulnerabilidad derivada de la pandemia de la covid-19. Esto último exige tres requisitos. El marco legal del que se reviste esta política pública permite entonces afianzar la capacidad de pago de los inquilinos con términos flexibles para no perjudicar los presupuestos y finanzas familiares, ya mermados por el auge del desempleo a causa de la actual crisis sanitaria.

El primero es que el arrendatario o algún miembro de la unidad familiar haya sido despedido o esté afectado por un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) o que se haya reducido la jornada para cuidados de personas a su cargo, según la información provista por el Ministerio de Economía.

También que haya declarado un cese de actividad en el caso de los autónomos “o por otras circunstancias sobrevenidas vinculadas a la actividad laboral o empresarial que impliquen dicha reducción de ingresos”.

El segundo requisito es que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere cinco veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, lo que equivale a 2.689,2 euros mensuales, en el mes anterior a la solicitud del crédito.

Esta es una de las principales novedades, ya que hasta ahora en las ayudas reguladas previamente por el Gobierno se establecía un límite de tres veces con algunos correctores en función de las circunstancias del hogar, de manera que se podía llegar a cinco veces en el caso de personas dependientes al cargo. Consiste en una medida estratégica muy importante para que se reactive el consumo y la dinámica en un sector que ha sido uno de los más golpeados por la crisis del coronavirus, como lo es el de la vivienda y los alquileres.

Sin embargo, el texto publicado en el BOE este viernes “elimina esas precisiones y establece el mismo límite para todos los hogares susceptibles de recibir la ayuda”. @mundiario

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