Sobre el gasto público oportunista y la errática asignación de los recursos

Evolución de la presión fiscal en España desde 1965 a 2018. Fuente, OCDE.
Evolución de la presión fiscal en España desde 1965 a 2018. Fuente, OCDE.
Las acciones políticas tienen a menudo un carácter oportunista, desembocan en el gasto oportunista y este gasto oportunista conduce a una ineficiente asignación de recursos.
Sobre el gasto público oportunista y la errática asignación de los recursos

Una definición popular de economía es la que propuso Lionel Robbins en 1932. Este autor británico expresó que "La economía es la ciencia que analiza la conducta humana como una relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos".

Hace unos días, tomé de mi biblioteca personal un volumen de la prestigiosa Enciclopedia Británica, que debido al auge del “mundo online” dejó de publicarse en formato físico en el año 2010.

Repasando alguna de sus páginas me topé con el término “allocation of resources” (asignación de recursos), que la Enciclopedia define del siguiente modo:

“Reparto de activos productivos entre diferentes usos. La asignación de recursos surge como un problema porque los recursos de una sociedad son limitados, mientras que las necesidades humanas son generalmente ilimitadas y porque cualquier recurso dado puede tener muchos usos alternativos. [...] Dentro de los límites de la tecnología existente, el objetivo de cualquier organismo economizador es asignar recursos de manera que se obtenga el máximo rendimiento posible de una determinada combinación de recursos.”

El gobierno de Pedro Sánchez en la presentación de los presupuestos de 2022 ha incluido sonadas medidas, que están siendo consideradas un modo de atar electoralmente a determinados colectivos o estratos. Entre ellas se sitúan las “políticas de juventud” que buscan recuperar solo en ese grupo un millón de votos perdidos desde 2019. Este presupuesto implica el mayor gasto público de la historia (458.970 millones) y se servirá de 27.633 millones de euros provenientes de los fondos europeos. Todo ello, en un escenario en el que la deuda pública ha alcanzado el 123% del PIB español (1,42 billones de euros); y todo ello cuando paralelamente y mientras hablan de gasto social ―este vocablo se ha convertido en un cliché falaz y maniqueo―, la presión fiscal no deja de elevarse (en los últimos meses: cuotas de autónomos, modificaciones en Sociedades, subidas porcentuales a los tipos aplicados a las rentas de trabajo y ahorro, reducción de desgravaciones en los planes de pensiones, elevación del IVA en determinados productos, subidas en el impuesto de matriculaciones y en el impuesto sobre primas de seguros, …).

Esto que comentamos no es nada nuevo, o no es del todo nuevo, porque en teoría política y en política económica, conocidas son las acciones que los gobiernos llevan a cabo con el fin de obtener rédito político y popularidad; más todavía cuando se vislumbra época de elecciones.

Pero sin entrar en mayores disquisiciones señalaré que al escuchar las últimas medidas de “gasto social” que pretende implementar Pedro Sánchez, recordé lo que recién acababa de leer en la enciclopedia Británica; y recordé también el término ―“Gasto oportunista”― que recogí en un libro que tuve la oportunidad de publicar en 2013 bajo el título Capital social: Glosario. El valor económico de la dimensión social.

La secuencia del razonamiento ad hoc es que las acciones políticas tienen a menudo un carácter oportunista, desembocan en el gasto oportunista y este gasto oportunista conduce a una ineficiente asignación de recursos, esto es, no favorece la máxima consecución de un output ni a nivel social y distributivo, ni en el plano general del bienestar, y mucho menos a nivel económico. El gasto oportunista conlleva así un importante coste de oportunidad en términos de generación de valor.

Extendiéndonos en los conceptos de oportunismo y de gasto oportunista, el primero consiste en una actitud sociopolítica y económica que prescinde de los principios y convicciones, tomando sólo en cuenta las circunstancias formales de tiempo y lugar con objeto de obtener el mayor beneficio (severamente egoísta) posible. Mientras que el segundo (gasto oportunista) es aquel que ejecutan las autoridades públicas en base al rédito electoral que su ejecución les concede; ya sea a futuro sobre los electores o ya provenga y vuelva desde los grupos de presión y los lobbies. El gasto oportunista no se presta al análisis del coste-beneficio. 

Como señalan Aizenman y Powell (1998), el monto de gasto oportunista puede tener un impacto nulo a favor del sujeto y negativo porque éste tendrá que pagar los impuestos que por necesidad se devienen hacia ese gasto. Son gastos, como indican Barr (2001) y Benedetti (2005) contrarios a toda búsqueda de eficiencia en lo que se refiere al crecimiento, y además la incidencia agregada es errática porque los efectos sobre la renta disponible de los sujetos o sobre el precio de los factores no compensan el gasto ejecutado (a diferencia de lo que ocurre con el gasto productivo);

El gasto oportunista pone de relieve que gran parte de los políticos, en connivencia con los ciudadanos y los grupos de presión, no miran por el bien intergeneracional, que es de continuo atacado cuando se eleva en un sinsentido la deuda pública, y solo se atiende al interés político a corto plazo (Zamagni, 2004). Esto implica el peligro del sucesivo incremento del tamaño del Estado, promoviendo su hipertrofia mientras crece cada vez más el endeudamiento y con ello los impuestos que deberán pagar las generaciones futuras (Stiglitz, 2000).

Por esta razón, Robert Barro (1997) indica el peligro que suponen las democracias débiles para el crecimiento económico, pues estas pueden verse coaccionadas a la hora de ejecutar sus programas de gasto. Mientras que Ahn y Ostrom (2008) señalan la conveniencia de unas instituciones fuertes que delimiten el marco económico y legal sobre el que los políticos de turno realizan sus promesas. @mundiario

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