El gasto público en España para mitigar la pandemia acumula 35.000 millones de euros

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La ministra de Economía española, Nadia Calviño / eleconomista.es
El Ejecutivo cuantifica en 28.403 millones de euros las medidas de gasto adoptadas para apoyar a los ciudadanos, autónomos y empresas más afectados por la Covid-19.
El gasto público en España para mitigar la pandemia acumula 35.000 millones de euros

El Estado español está ahora abocado al gasto y no al ahorro. En tiempos de crisis y pandemia, el instinto político y social principal es la supervivencia de la nación y de la economía. Eso es lo que hace imperativo el hecho de que el Gobierno haya rebasado su meta de gasto fiscal para este año a pesar de que tenga un impacto directo en el ya enorme déficit que arrastran las dos últimas administraciones que han pasado por La Moncloa.

Y es que las administraciones públicas (los ayuntamientos y gobiernos provinciales) han lanzado un gigantesco salvavidas para tratar de mitigar las consecuencias económicas de las medidas de confinamiento adoptadas para frenar el coronavirus. Con la actividad económica paralizada, el régimen de gasto se ha expandido y los presupuestos ordinarios ya no dan abasto. Por esa razón, el Gobierno inyectó el espectacular megapaquete de liquidez por 200.000 millones de euros con el objetivo de generar un esquema de gasto de amplia duración por la magnitud de la contingencia derivada del estado de alarma.

El Ejecutivo cuantifica en 28.403 millones de euros las medidas de gasto adoptadas para apoyar a los ciudadanos, autónomos y empresas más afectados por el golpe de la Covid-19. Se trata de un esquema de financiamiento a largo plazo con términos flexibles que facilitan la operatividad de las empresas para mantener la actividad industrial, la dinámica del mercado y el consumo.

Así figura en el Programa de Estabilidad 2020-2021 remitido esta pasada medianoche a la Comisión Europea y publicado este viernes por el Ministerio de Economía.  

El documento también recoge medidas de ingresos para apoyar a los sectores productivos por un importe de 6.120 millones de euros. Esto implica un 45% del PIB. Por lo tanto, el Gobierno ha echado mano de casi la mitad del valor de la economía española para reconstruir los segmentos del PIB perdidos por la parálisis de los sectores empresarial, comercial e industrial, que son vitales para la subsistencia de la economía nacional. Las comunidades autónomas han puesto sobre la mesa otros 600 millones de euros para tapar las grietas abiertas por la pandemia.

Y los Ayuntamientos han sacado 300 millones para paliar la emergencia social. En total, las medidas públicas para combatir el golpe del coronavirus suman 35.000 millones de euros, según figura en el documento remitido por el Ministerio de Economía a Bruselas.

Ese monto abarca un 70% del PIB destinado a la reanimación de los circuitos financieros que le dan movilidad y capacidad de expansión de mercado a la nación.

El Gobierno además lanzó un programa de garantías y avales dotado con 104.000 millones de euros basado principalmente en líneas de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para inyectar liquidez a pymes y autónomos.

Otro tramo de los avales, 20.000 millones de euros, fueron inyectados a la banca para suministrar créditos a inversores, pequeñas empresas y emprendedores. Consiste en un sistema de estímulo fiscal por la vía bancaria para generar retornos de capital que le permitan al sector financiero tener reservas en caso de que se produzca una espiral de deuda.

La mayor partida de gasto liberado por el Gobierno es sin duda la medida para cubrir las cotizaciones sociales de los trabajadores afectados por expedientes de suspensión temporal de empleo (ERTE). En este ámbito, la apertura de fondos especiales le dan margen de acción y un alivio a los desempleados o suspendidos para no tener que extraer recursos de sus prestaciones sociales y de esa forma no empeoren sus condiciones laborales para subsistir en medio del período de confinamiento.

Desde que estalló la pandemia y se declaró el estado de alarma más de cuatro millones de trabajadores se han visto afectados por esta situación laboral que trata evitar los despidos masivos.

Esa medida tiene un coste de 17.894 millones de euros. Las exenciones de impuestos y moratorias de cotizaciones sociales para pymes y autónomos, una medida dirigida a paliar el coste que tienen las empresas durante el confinamiento, ha supuesto un coste de 2.907 millones, según refleja el Programa de Estabilidad 2020-2021. @mundiario

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