Buscar

No gastamos mucho, pero podríamos hacerlo mejor

En España el gasto público no es elevado en perspectiva comparada. De hecho, está claramente por debajo de la media de los países de la Unión Europea.

No gastamos mucho, pero podríamos hacerlo mejor
Ingresos y gastos del Gobierno. / EUROSTAT
Ingresos y gastos del Gobierno. / EUROSTAT

Firma

Santiago Lago Peñas

Santiago Lago Peñas

El autor, SANTIAGO LAGO, es catedrático de Economía Aplicada y director del Grupo de Investigación GEN, de la Universidad de Vigo. Publica en revistas especializadas nacionales y extranjeras, sirve en varios consejos editoriales y es editor ejecutivo de la principal revista española en el ámbito de la economía pública, Hacienda Pública Española/Review of Public Economics. Consultor de diversos organismos internacionales y uno de los integrantes de la Comisión de Expertos creada por el Ministerio de Hacienda en 2017 para la reforma de la financiación autonómica, es codirector de la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización en España (RIFDE), director del Foro Económico de Galicia, responsable de la Cátedra del Instituto de Empresa Familiar en la Universidad de Vigo, investigador del Institut d’Economía de Barcelona y colaborador de la Fundación FUNCAS. Ha sido consejero del Consello Económico e Social de Galicia y ahora asesora a empresas e instituciones públicas y privadas. Columnista prolífico, colabora en MUNDIARIO, El País, Cinco Días, Faro de Vigo y la cadena SER. @mundiario

Comencemos por los datos. España, como país europeo, tiene un gasto público comparativamente bajo. El gráfico adjunto, elaborado por Eurostat, ordena a los países de la Unión Europea (UE) en función de la media de gastos e ingresos públicos en 2017. Como se hace habitualmente, las cifras se expresan como proporción de la renta nacional (el llamado PIB). España aparece situada muy a la derecha, rodeada de países del Este, de los que estamos en general lejos en términos de desarrollo económico. Si nuestro gasto público se halla en el 41% del PIB español, la media de la UE-28 se va hasta el 46%. Alemania está en el 44% y Francia en el 56%. Teniendo en cuenta la amplia cartera de servicios públicos que se prestan en España, no parece razonable argumentar que España tiene un grave problema de exceso de gasto público, como sí lo sufre en el frente del déficit o en el fraude fiscal. Es importante tener estas cosas claras para focalizar bien esfuerzos y definir la agenda reformista.

Una agenda que no debe orillar el hecho de que podríamos gastar mejor. En la mayor parte de las áreas de gasto podríamos obtener mejores resultados si fuésemos más eficientes. En particular, en educación tenemos un problema para la atención de la diversidad: para impulsar el talento y atender a los menos brillantes. En sanidad, la foto sale mucho mejor: no podemos pedirle mucho más a los recursos que invertimos.

Si nuestro gasto público se halla en el 41% del PIB español, la media de la UE-28 se va hasta el 46%. Alemania está en el 44% y Francia en el 56%. Teniendo en cuenta la amplia cartera de servicios públicos que se prestan en España, no parece razonable argumentar que España tiene un grave problema de exceso de gasto público.

Por otro lado, es indudable que ganaríamos colectivamente si se impusiese la cultura de la evaluación ex-ante y ex-post. Evaluar antes de hacer conlleva evitar errores. Durante el boom económico, llevamos adelante inversiones multimillonarias en proyectos discutibles (los llamados “elefantes blancos”) por parte de todas las administraciones a lo largo y ancho de la geografía española. El lector seguro que tiene en mente más de una cerca de su casa. Evaluar a toro pasado sirve para identificar los programas de gasto que deben ser abandonados o reformulados.

En tercer lugar, el hecho de haber superpuesto la administración autonómica a la provincial en las Comunidades pluriprovinciales hace que la mayoría de los ciudadanos esté sujeto a cinco gobiernos (municipal, provincial, autonómico, central, comunitario), lo que inevitablemente conduce a riesgos de solapamiento competencial y, por tanto, gasto concurrente.

Finalmente, en el plano de la gestión de los recursos humanos en la función pública resta mucho por hacer. Necesitamos más flexibilidad, más incentivos y más responsabilidad. Miremos a los países que han resuelto esto mejor que nosotros.