El Foro Económico de Galicia abandera el análisis del coste-beneficio de los proyectos

Conseguir una asignación más eficiente de los recursos públicos es el objetivo que, según el profesor del departamento de Fundamentos de Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Vigo Baltasar Manzano, se lograría en Galicia con la puesta en funcionamiento de un sistema de evaluación sistemática para los proyectos de infraestructuras que garantice su rentabilidad social, según informa Mª del Carmen Echevarría, en el diario de la Universidad de Vigo.

A tal efecto, Baltasar Manzano propone que el Parlamento de Galicia introduzca un mandato legal que obligue a la realización por parte de una agencia independiente de una evaluación de análisis coste-beneficio para proyectos que superen un determinado importe que fija a partir de los cinco millones de euros, incluyendo no sólo las actuaciones públicas financiadas por la Xunta, sus organismo autónomos, empresas y sociedades públicas, agencias y fundaciones, sino también los proyectos costeados conjuntamente con otras administraciones, los financiados con fórmulas de colaboración público-privadas y los otorgados en régimen de concesión pública. 

Bajo el título Mejorando la eficiencia de la política de infraestructuras, el Foro Económico de Galicia fue el escenario en el que este profesor de la Universidad de Vigo, acompañado del profesor Santiago Lago, dio cuenta de su propuesta recogida en un informe en el que incide en la necesidad de evaluar las políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.

"España carece de cultura de la evaluación de la actuación pública y tampoco tiene organismos independientes de evaluación, lo que a menudo se traduce en una asignación ineficiente de los recursos públicos", explica Manzano. Esta necesidad de evaluación se hace especialmente necesaria, según este profesor de la Universidad de Vigo, en el caso de la política de infraestructuras, un ámbito en el que la inversión fue ingente durante las últimas dos décadas en España, sin que la selección de proyectos estuviera acompañada de ningún tipo de evaluación económica rigurosa como sí ocurre en otros países del entorno en los que la práctica evaluadora está muy incorporada al proceso de decisión y planificación de las infraestructuras, mediante la aplicación del análisis coste-beneficio de los proyectos.

"Priorizar las políticas y asignar eficientemente los recursos, además del aprendizaje en la gestión y control de los proyectos futuros", son para Baltasar Manzano los beneficios de la evaluación que considera debe introducirse por mandato legal "que obligue a la evaluación independiente de políticas públicas, especialmente para aquellas actuaciones públicas que como la construcción de grandes infraestructuras, consumen más medios".

Orografía y dispersión de la población justifican el control

Partiendo de la necesidad de implantar un sistema de evaluación en el ámbito del Estado, el profesor del departamento de Fundamentos del Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas se refirió al caso concreto de Galicia "donde los recursos financieros son particularmente escasos y donde además el coste de las infraestructuras se dispara por la orografía y la dispersión de la población". Es en este escenario donde Manzano aboga por que sea el Parlamento de Galicia el que por mandato legal obligue a la realización de análisis coste-beneficio para proyectos cuyo importe de ejecución supere los cinco millones de euros, "lo cual supondría la evaluación de la mayoría de los proyectos de nuevas infraestructuras de transporte y medioambientales, gran parte de las infraestructuras sanitarias y cierto número de dotaciones de índole cultural y social", precisa.

Para la realización de la labor de evaluación Baltasar Manzano propone "un ente técnico totalmente independiente del poder político", que se traduciría en una agencia que en un primero momento, y para abaratar recursos humanos y materiales, podría partir de la firma de convenios con las universidades gallegas, "que cuentan con personal altamente preparado y familiarizado con el análisis coste-beneficio".