El proceso de descentralización en España responde a un modelo singular que arranca en los primeros años de la democracia, en paralelo a la construcción del Estado de Bienestar. En poco tiempo se pasó de un estado centralizado a otro descentralizado que, en apenas dos décadas, concretó el grueso del traspaso de competencias de gasto, mientras la descentralización del ingreso va por detrás y dista de ser óptima, pese a los avances realizados. Exige reformas técnicas que requieren de consensos políticos en un contexto que se antoja complicado. 

El sistema resultante del proceso descentralizador ha conjugado elementos que destilan una lógica financiera federal con otros de corte confederal y se produce así un resultado de sistemas de financiación diferenciados que conviven.

Por un lado están las comunidades autónomas de régimen foral, que disfrutan de poder tributario pleno sobre su territorio y compensan al Gobierno central por la prestación de los servicios no descentralizados –el llamado cupo vasco o la aportación navarra–.

Por el otro, el sistema de financiación para las comunidades autónomas de régimen común –con condiciones especiales para Canarias–, que funcionan de manera inversa y que es en el que nos vamos a fijar.

El modelo vigente fue aprobado en el año 2009 y aportó como principales novedades la ampliación de la cesta de tributos –cedidos y compartidos–,  un sistema de nivelación que, por primera vez, rompió con la equidad total y optó por un sistema de nivelación parcial que pivota sobre el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, además de un trípode de fondos de ajuste del sistema –Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación–.

La autonomía tributaria de las comunidades no va de la mano de sus tributos propios, con elevada frondosidad cuantitativa y escasa recaudación, sino de la cesta tributaria 

Es importante subrayar que la autonomía tributaria de las comunidades autónomas no llega de la mano de sus tributos propios, con elevada frondosidad cuantitativa y escasa recaudación, sino de la cesta tributaria.  

Las disfunciones del sistema hacen necesaria una reforma, cuyas discusiones técnicas están bastante consensuadas y apuntan a la necesidad de dotar al sistema de mayor suficiencia, autonomía y equidad, al tiempo que se reclama mayor transparencia y simplicidad.

No están tan claras las prioridades políticas, ni mucho menos la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita sacar adelante una ley orgánica que regule el nuevo modelo, más aún tras la situación vivida en Cataluña, todavía pendiente de normalizar que, probablemente, impida avanzar con la intensidad que el sistema necesita. 

En todo caso, desde un punto de vista objetivo, es necesario que las comunidades autónomas avancen en su autonomía tributaria, a través de mejoras en la cesión del IRPF, que incluyen mayor transparencia y agilidad, pero también actuaciones en los impuestos indirectos que, en el caso del IVA puedan avanzar hacia la toma de decisiones colegiadas desde el punto de vista autonómico, después refrendadas por el Congreso de los Diputados, además de reservar a las autonomías un lugar privilegiado en las nuevas figuras de tributación ambiental que se introducirán una vez aprobada la reforma fiscal verde.

Los impuestos sobre la riqueza deberán fijar un mínimo común que evite la competencia fiscal a la baja con importantes distorsiones

En España, los impuestos sobre la riqueza –torpemente ampliada la capacidad de actuación autonómica a partir del año 2009– deberán fijar un mínimo común que evite la competencia fiscal a la baja que se ha producido en la última década y que produce distorsiones económicas importantes. 

LA EQUIDAD TIENE DOS CARAS

El prisma de la equidad tiene dos caras: la vertical, que atiende al reparto de los ingresos entre el Estado y las comunidades autónomas, y que bascula en favor del primero, deberá equilibrarse de manera acorde con las competencias que se han descentralizado; mientras la equidad horizontal se fija en el reparto de recursos entre comunidades autónomas. En este punto es fundamental llamar la atención sobre la necesidad de volver a la nivelación total, en la cual debieran entrar también en juego las dos comunidades que ahora están al margen: País Vasco y Navarra.

Sin cuestionar su modelo propio como comunidades forales,  hay un amplio margen de mejora en el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra para avanzar en su aportación a la solidaridad interterritorial y mejorar la justicia redistributiva a nivel nacional. 

De lo que se trata, en definitiva, es de aproximar las necesidades de gasto con las capacidades de ingreso. Para ello es nuclear definir de manera correcta la variable población ajustada. En este aspecto es en lo único que hasta el momento se ha avanzado, en forma de borrador que el Ministerio de Hacienda hizo llegar a las comunidades autónomas a final de año y que no convence a todos. Esta variable que es, sin duda, relevante, no aborda, ni de lejos, la reforma pendiente, el modelo es mucho más que la población ajustada, si bien hay que empezar por algo y esto abre la espita para que la discusión comience a tomar forma.

Comisión parlamentaria sobre financiación autonómica en el Parlamento de Galicia. / Mundiario

Comisión no permanente especial de estudio para abordar la propuesta de Galicia

El Parlamento de Galicia, creó una comisión no permanente especial de estudio para abordar la propuesta de la comunidad autónoma de Galicia ante la reforma del sistema de financiación, en el que han comenzado a discutirse los aspectos antes mencionados, con una posición de partida distinta de los tres grupos parlamentarios –PP, BNG y PSOE– aunque con la posibilidad de topar puntos de encuentro interesantes para poder plantear y defender una posición única que ambicione una financiación mejor.

Mientras todo esto se negocia, seguirá siendo necesario un modelo transitorio que ayude a capear el temporal y aporte los recursos extraordinarios necesarios para atender las necesidades derivadas de la pandemia. @mundiario