La financiación autonómica no es un juego de suma cero, sino que debe ser redistributiva

Sí, en España hay que hablar de financiar el bienestar. Hablemos, pues, de dinero. Pero sin trampas. Porque algunos quieren hablar ahora de financiación autonómica sin reparar en que no se trata de que unos territorios se impongan a otros en el reparto de la tarta, sino de que se ponga en el centro del sistema los principales servicios públicos que prestan las Administraciones autonómicas. Quien tiene que perder financiación es la Administración del Estado.

Decía Suso de Toro ya en el 2003 que ”la política española es un juego de tramposos con cartas marcadas y ases en la manga''. Una realidad multiplicada en el 2018 cuando el tripartito del 155 lucha por una brutal recentralización que persigue también la plena centralización financiera y económica en Madrid, alrededor de las élites financieras, de la distribución eléctrica y de las actividades concesionales y constructoras que componen el llamado capitalismo castizo del BOE.

En este contexto se habla de financiación autonómica. Y de nuevo salen enseguida las cartas marcadas. Primera falsedad: el sistema de financiación autonómica es un juego de suma cero. Es decir, si gana Galicia pierde otro. ¿Por qué? Porque se supone que las partidas presupuestarias destinadas a las políticas a desarrollar por el Estado son intocables.

Y eso no es cierto. Las cuentas hay que saberlas razonar. ¿Dónde están los gastos verdaderamente importantes? En las Administraciones autonómicas, que atienden sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. Es decir, los gastos fundamentales del Estado del Bienestar, a la vez que las pensiones y la cobertura del desempleo. Primero habrá que garantizar la financiación de estos servicios y después decidir por el futuro  de los otros gastos que financia la Administración general del Estado. Por ejemplo, el Estado retiene recursos para políticas en las que no tiene competencias, como vivienda, igualdad, cultura o turismo. Estos fondos deberían estar ya transferidos, deberían estar ya territorializados. El Estado, por otra parte, mantiene una estructura desproporcionada. Seis Ministerios serían suficiente para gestionar todas sus competencias.

Estos mismos apóstoles del unionismo son los que hablan de Galicia como un país pobre, financiado por la solidaridad del Estado. Pero los datos son otros. Como ha escrito recientemente Antón Sánchez, de En Marea, entre 2009 y 2015 la recaudación fiscal gallega creció un 44,7% frente a un 32% en Madrid. El 16,89% de la recaudación estatal del Impuesto de Sociedades sale de Galicia, que sólo aporta el 5,2% de la población estatal. Las balanzas fiscales oficiales no tienen explicación al absurdo de que la comunidad autónoma de Madrid recaude casi el 50% de los tributos de los quince territorios del régimen común, cuando no aporta ni el 20% del PIB estatal, porque le imputan todos los impuestos especiales y los de sociedades que tienen allí su sede fiscal y producen en Galicia, Catalunya ou Nafarroa. @mundiario