Falta transparencia en la nivelación entre comunidades autónomas

Billetes de 500 euros.
Billetes de 500 euros.

La próxima reforma del sistema de financiación autonómica ha de abordar varias cuestiones de naturaleza técnico-política, con implicaciones muy trascendentes en materia de nivelación

Falta transparencia en la nivelación entre comunidades autónomas

Falta transparencia en la nivelación entre comunidades autónomas, según la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (Rifde), gestionada por el Grupo de Investigación GEN (Governance and Economics research Network) de la Universidad de Vigo. Rifde acaba de hacer público un informe titulado La nivelación interterritorial y la estimación de las necesidades de gasto, el primero de una serie de trabajos que deberán servir como elementos de reflexión ante la reforma de la financiación autonómica.

El documento se ha visto enriquecido por las sugerencias de los participantes en la jornada celebrada a finales de 2016 en Santiago de Compostela, así como por una encuesta sobre los aspectos clave de la nivelación, enviada a un centenar de personas de la mayoría de comunidades autónomas, incluyendo miembros de Rifde y responsables de direcciones generales.

El mecanismo de nivelación es uno de los pilares del sistema de financiación autonómica, ya que hunde sus fundamentos en el principio constitucional de solidaridad y en la equidad para el acceso a los servicios públicos fundamentales. Por ello, la próxima revisión del sistema de financiación autonómica debería dar una solución razonable y transparente al complejo panorama actual de la nivelación.

En el modelo todavía vigente, aprobado en 2009, se entrecruzan diversos fondos e instrumentos que desdibujan los resultados finales, produciendo agravios comparativos e impulsando la percepción fundada de cierta arbitrariedad.

La próxima reforma del sistema de financiación autonómica ha de abordar varias cuestiones de naturaleza técnico-política, con implicaciones muy trascendentes en materia de nivelación. En particular, las siguientes:

> El modo de incorporar las comunidades autónomas de régimen foral a la financiación del mecanismo de nivelación interterritorial.

> La clarificación del singular papel de Canarias como región ultraperiférica.

> El grado de nivelación y si ésta incluye solo los servicios fundamentales o todos los descentralizados.

> La superación del criterio de statu quo como criterio de reparto de los recursos.

> La determinación de la pertinencia o no de aplicar límites a la reordenación.

> El cómputo afinado de las necesidades de gasto per capita (habitantes ajustados), así como de las recaudaciones normativas por tributos cedidos.

Posibles recomendaciones

El informe plantea varias conclusiones a partir de los resultados de la encuesta, cuya contundencia en algunos casos orienta posibles recomendaciones de actuación:

> Existe práctica unanimidad sobre la existencia de un desequilibrio vertical entre ingresos y gastos en contra de las comunidades autónomas, así como sobre la necesidad de corregir las diferencias en suficiencia financiera que proporciona el sistema foral respecto al común.

> Dentro de los asuntos pendientes de reforma, el vector de la nivelación centra las preocupaciones de los expertos.

> Una amplia mayoría considera arbitrarias o discutibles las diferencias actuales en la financiación per capita que proporciona el sistema común.

> Aunque son mayoría quienes piensan que la nivelación debe centrarse en los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales esenciales), un tercio de los encuestados considera que la nivelación debe alcanzar a todos los servicios descentralizados

> Los expertos de comunidades autónomas con renta y capacidad fiscal superior a la media tienden a defender la nivelación parcial (solo servicios públicos fundamentales) o incluso una reducción de la nivelación. Al contrario, los expertos de comunidades autónomas con renta y capacidad fiscal por debajo de la media apoyan la nivelación de todos los servicios descentralizados.

> Existe una notable diversidad de opiniones sobre el llamado criterio de “ordinalidad” o “no reordenación”, defendido en mayor medida por los expertos de comunidades autónomas con renta per capita superior a la media.

> Existe amplio consenso sobre la necesidad de eliminar, de forma más o menos gradual, la cláusula del statu quo o de aseguramiento de la financiación actual.

> Una amplia mayoría considera necesario hacer ajustes sobre la actual forma de estimar las recaudaciones normativas por tributos cedidos, así como sobre la fórmula de estimación de los habitantes ajustados.

> Existe división de opiniones sobre el organismo técnico que debería hacer las estimaciones de necesidades, aunque se descarta al Gobierno central.

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