La Eurocámara apoya sancionar a las empresas que socaven los derechos humanos y el medioambiente

Un niño turco trabajando en el campo. El 70% del trabajo infantil ocurre en la agricultura / ONU
Un niño turco trabajando en el campo. El 70% del trabajo infantil ocurre en la agricultura / ONU

El Parlamento Europeo aprueba, pese a los votos en contra de PP y Vox, su posición para empezar las negociaciones finales de la directiva de “diligencia debida”.

La Eurocámara apoya sancionar a las empresas que socaven los derechos humanos y el medioambiente

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves presionar a las grandes empresas europeas que no respeten los derechos humanos o el medio ambiente con sanciones que van desde medidas como “nombrar y avergonzar” hasta retirar del mercado los productos de una empresa o imponer multas de hasta el 5% de la facturación global de las corporaciones que no cumplan los requisitos. El visto bueno de la Eurocámara —pese al voto en contra de los diputados del PP y de Vox—  permite pasar a las negociaciones finales con los Estados miembros para acordar un texto legal definitivo.

La propuesta ha salido adelante con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones. Ahora bien, las nuevas normas se aplicarán a empresas con sede en la UE de cualquier sector, “incluido el financiero” que tengan más de 250 empleados y una facturación superior a los 40 millones de euros, así como a las empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación global superior a los 150 millones de euros.

En cuanto a las no europeas, también se verán afectadas aquellas cuya facturación rebase los 150 millones de euros, con al menos 40 millones generados en la UE.

Limitar el calentamiento global

Por otro lado, el texto indica que las empresas deberán implementar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5°. En el caso de las compañías con más de mil empleados, el cumplimiento de este plan deberá tener repercusión en la parte variable de la remuneración de los objetivos, los bonus.

Las nuevas normas también exigen que las empresas se comprometan con las personas afectadas por sus acciones, entre ellos los activistas ambientales y de derechos humanos. Deberán introducir un mecanismo de reclamaciones y vigilar de manera “regular” la efectividad de su política de diligencia debida. Y tendrá que facilitar la información sobre estas políticas a los inversores.

Los eurodiputados han apoyado que las compañías identifiquen y, cuando sea necesario, prevengan,  terminen o mitiguen el impacto negativo de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente, como el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.

Ahora bien, para la organización medioambiental WWF, el texto de la Eurocámara supone un “avance”, pero “sigue habiendo espacio para la mejora para atender detalles cruciales que impiden los objetivos de la ley de proteger el planeta y los derechos humanos de una conducta empresarial dañina y para apoyar a las empresas que buscan sostenibilidad”. Desde la ONG consideran que hay que ir más allá en materia de diligencia medioambiental, planes de transición climática y hasta la cuestión de la remuneración de los directivos de las compañías “para garantizar que la ley sea significativa tanto para las empresas como para el planeta”. @mundiario

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