Los españoles más ricos son también los más beneficiados fiscalmente
En España se incumple la Constitución y se provoca una distribución inmoral que refuerza todavía más la explotación fiscal. Una explotación que continúa permaneciendo silenciada.
Dice el artículo 31 de la Constitución Española que “todos contribuirán a financiar el gasto público, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo y progresivo”. Pero aquí la economía y la política es cosa distinta, como también lo es la desorientación ciudadana ante la realidad que le rodea. En lo que sigue mostraremos la cuantía de los impuestos estatales (ejercicio 2014) y su distribución actual.
En el IRPF debemos separar las rentas del trabajo (por cuenta propia y ajena) y las del capital. Su recaudación total asciende a 72.662 millones de euros, pero las retenciones de los asalariados, pensionistas, autónomos, profesionales y empresas agrarias, suman 65.891 millones (90,5% del total) y expresan con rotundidad el trato desigual e injusto que soportan las rentas del trabajo. Las rentas del capital gravadas por el IRPF (intereses, alquileres, plusvalías, etc.) suman 6.771 millones (9,5%). Las rentas del trabajo representan el 45% de las rentas totales y el 90% de los ingresos del IRPF. Suprimir el concepto de renta extensiva en este impuesto explica esa insoportable explotación fiscal.
La doble bofetada fiscal es demoledora para los trabajadores españoles
Porque la tributación sobre el consumo (IVA + IE + tasas + precios públicos + copagos) completa la faena. Cuando el salario entra en la casa del trabajador, tributa por IRPF. Pero cuando ese dinero se destina a satisfacer las necesidades vitales (alimentos, vestido, energía, sanidad, etc), soporta de nuevo más tributación. Esta doble bofetada fiscal es demoledora. El consumo de tabaco o de electricidad se grava hoy con impuesto especial más IVA, pero otros consumos (hidrocarburos) se gravan tres veces (impuesto especial autonómico y estatal más el IVA). La recaudación total por IVA e IE suma 75.278 millones de euros en 2014 (27% de los ingresos fiscales del Estado, incluidas las cotizaciones de la S. Social). Son las bofetadas de ida y vuelta que soportan los trabajadores por sobrevivir, generando una explotación fiscal muy dura.
Finalmente, analizamos las cotizaciones de la Seguridad Social. Las pensiones y prestaciones por desempleo explican, en la práctica, la cuota total sobre el salario (36,25%) que en principio debe pagar la empresa (29,90%) y el trabajador (6,35%). Pero aquí la realidad también es distinta. Por ejemplo, supongamos que una empresa contrata a un trabajador por 1.000 euros al mes. Redondeando las cifras, el empresario paga cada mes 300 euros (cuota del 30%) a la Seguridad Social y el trabajador 60 euros (cuota del 6%). Pero la investigación reitera que la empresa paga 300 euros a la Seguridad Social y 700 euros al trabajador. Es decir, la empresa traslada al trabajador la cuota empresarial por la vía del salario. Esto significa que el trabajador soporta todas las cotizaciones a la Seguridad Social (ahorro forzoso), generando a su vez el derecho a recibir una pensión en el futuro. Interesa, pues, no enfangarse en la ilusión fiscal.
Finalmente, mostraremos que sucede con los beneficios empresariales cuando estos se obtienen por empresas organizadas en forma de sociedad. En lo que respecta a las grandes empresas y grupos consolidados, los beneficios contables oscilaron entre 81.000 y 95.000 millones de euros entre los ejercicios 2009-2013, pero la cuota líquida (pago a la hacienda pública) osciló entre 3.000 y 6.000 millones por año, lo que supone tipos efectivos entre 5 y 6 por ciento. En lo que respecta al resto de empresas societarias, los beneficios contables oscilaron entre 71.000 y 95.000 millones de euros, la cuota líquida entre 13.000 y 17.000 millones y el tipo efectivo entre el 15 y 16 por ciento.
Estamos, pues, ante instrumentos básicos que explican la acumulación actual de rentas y patrimonios. Porque en 2014 el Impuesto de Sociedades solo recaudó 18.713 millones de euros (6,7% de todos los ingresos tributarios del Estado). Esto significa que las personas más ricas del país son también las más beneficiadas fiscalmente, incumpliendo la Constitución y provocando una distribución inmoral que refuerza todavía más la explotación fiscal anteriormente mencionada. Una explotación que continúa permaneciendo silenciada.
El fraude tributario de la economía sumergida se aproxima a los 90.000 millones de euros anuales
La Agencia Tributaria estima que la economía sumergida en España suma ya 253.135 millones de euros (24,6% del PIB). Esto supone un fraude tributario que se aproxima a los 90.000 millones de euros anuales. Un hecho que convierte la justicia, la democracia y el Estado Social en pura ficción. Porque gran parte de estos recursos se integran en los mercados financieros, vía paraíso fiscal, Tienen banco, fondo y agencia calificadora que los protege. La situación es esperpéntica. Se defrauda a la hacienda pública y después le prestan ese dinero, exigiendo amparo constitucional (artículo 135) y ajustes presupuestarios. Las incidencias restantes se resuelven con amnistías fiscales.
Y en este escenario se escucha todavía a ciertos partidos de la izquierda que quieren subir el IRPF y el IVA para evitar déficits, reforzar la justicia fiscal y financiar las pensiones (?), ignorando así el fraude tributario, la desigualdad que provoca el Impuesto de Sociedades y la ausencia de un modelo productivo eficiente y renovador.
¿Somos de verdad conscientes del futuro que algunos diseñan?
